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El Movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó hoy con respecto a los terrenos que fueron vendidos a una empresa del ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que el problema mayor de esa transacción es que se beneficie a un funcionario del Estado vendiéndole bienes a un precio mucho menor de lo que vale.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, indicó que esta práctica ha sido históricamente realizada por los gobiernos, por lo que preocupa que al sol de hoy se siga llevando a cabo.
“Independientemente que sea un ministro o no, lo principal que debe observarse es el fondo, porque independientemente de quien sea ministro, hemos sabido del histórico accionar, de las élites de tratar de negociar los recursos del Estado a precios acomodados”, sostuvo Joseph Abreu.
Pero hoy la crítica no llegó solo de Participación Ciudadana, ya que también la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aseguró que el contrato de venta y negociaciones para la adquisición de los terrenos que albergan el denominado canódromo, iniciadas en la pasada gestión gubernamental y concluidas en el actual gobierno, por el Banco Central y el actual ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Alberto Bonilla Sánchez, es violatoria a las leyes y a la Constitución.
El presidente de la entidad, Trajano Vidal potentini, explicó que ciertamente el Banco Central, a principios de septiembre del año 2017, fijó el precio de 298 millones de pesos, dando así inicio a los aprestos para la venta de los terrenos del canódromo, el cual previamente había sido adquirido mediante proceso de liquidación de la entidad financiera hipoteca y pagaré, en el año de 1994, vía la Superintendencia de Bancos, y que luego de haber realizado varias publicaciones en su página web y en algunos periódicos de circulación nacional, hasta julio del 2020, procediendo así a dar por aceptada la propuesta la empresa CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L.
De acuerdo a Justicia y Transparencia, “podría decirse que hasta el 6 de agosto todo se había iniciado sin grandes novedades, donde el dueño en un 99% de la empresa beneficiada, Ing. Carlos Bonilla, aún no era funcionario público, ni tampoco lo era el 17 de agosto del 2020, fecha en la que mediante el cheque de administración No. 454725, por valor de 89 millones, 400 mil pesos a nombre del Banco Central, concreta el pago inicial del 30%, solo restando unos 600 mil pesos, pagaderos en cheque por el señor Bonilla, más la promesa de pagar los restante 208 millones con un préstamos del Banco de Reservas, todo ello a nombre y representación de su empresa, CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L”.
