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República Dominicana.-El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresa su preocupación por la falta de voluntad que le atribuye a la dirigencia política y a los legisladores, frente a las necesarias reformas que requiere el país.
“Es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana, o en planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria y necesaria, que no debe estar sujeta a proselitismo político”.
A continuación el informe
Participación Ciudadana
Balance del 2022
El final del año 2022 encuentra a la sociedad dominicana con un severo retraso en la aprobación de las reformas sometidas en el 2021 por el gobierno al Consejo Económico yㅤSocial-CES.
Participación Ciudadana expresa su preocupación por la falta de voluntad que muestra la dirigencia política y los legisladores frente a las necesarias reformas que requiere el país. Es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana, o en planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria y necesaria, que no debe estar sujeta a proselitismo político.
Un ejemplo claro de esta situación lo constituye lo que ha pasado con las propuestas de reforma a las Leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral. La Junta Central Electoral entregó al Congreso Nacional sendas propuestas de modificaciones a estas leyes, en abril del 2022.
A pesar de las promesas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el 2023 nos encontrará con las mismas leyes que mostraron una gran cantidad de debilidades y falencias en las pasadas elecciones. Nadie niega que esas leyes necesitan modificaciones para avanzar hacia una democracia más desarrollada, pero los principales partidos y sus representantes en el Congreso, prefieren dejar las cosas como están, mientras someten al país a una intensa campaña a destiempo.
Todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa. El presidente Abinader y parte de su gobierno aparecen ya definitivamente en campaña, tal como muestra la publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho. Los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas.
En resumen, el panorama político electoral apunta hacia la repetición de la misma cultura, concentrada en la descalificación, con discursos mesiánicos llenos de promesas vacías de contenido.
El año 2022 estuvo marcado por importantes acciones que indican que estamos ante algunos avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, como lo son la Contraloría General de la República (CGRD), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y con mayor protagonismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP). También se destacan avances en el trabajo del principal órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) así como en las comisiones especiales del Congreso Nacional.
La cantidad de denuncias ante los órganos de control, realizadas por diferentes programas de investigación periodística, la sociedad civil, proveedores y ciudadanos afectados e interesados, apunta a un mayor nivel de confianza y esperanza en el régimen de consecuencias. A los casos ocurridos en el 2021, se sumaron en el presente año, la destitución o renuncia de varios funcionarios del gobierno, entre los que se destacan: el ex Ministro de Educación Roberto Fulcar; el ex director de INABIE Cecilio Rodríguez; el exsuperintendente de electricidad, Rafael Velasco; el ex ministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla y la ex directora ejecutiva del CONANI Ana Cecilia Morun Solano.
En el presente año, PC denunció en varias ocasiones los intentos de minúsculos grupos que, mediante campañas en las redes y a través de algunos medios de comunicación, han pretendido detener las acciones que hemos enumerado, con el claro propósito de proteger a intereses particulares que se benefician de la ausencia de controles. Fueron notables los ataques a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General.
Participación Ciudadana ha celebrado el importante avance en la lucha contra la corrupción que representó el nombramiento de personas independientes y bien preparadas al frente de la Procuraduría General de la República y algunas de sus principales dependencias, lo cual arrojó un balance muy positivo con el sometimiento a la justicia de extensos expedientes de corrupción. Sin embargo, en el 2022, este proceso se ha ralentizado, principalmente por la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, con excesivo tiempo en las posposiciones.
Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos.
Sin embargo, cuatro sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos referimos a los casos de ODEBRECHT; el de los aviones tucanos; el del barrio Los Tres Brazos; el caso de la OMSA, en el que solo se condenó el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
Un importante avance en el 2022 fue la aprobación y promulgación de la Ley de Extinción de Dominio.
Participación Ciudadana ha sostenido la posición de respaldar el derecho del Estado dominicano de cumplir la normativa vigente con respecto a las políticas de control y regulación migratoria.
En el 2022, la situación de Haití se agravó enormemente, lo cual es un motivo de gran preocupación para el pueblo dominicano, sobre todo porque la comunidad internacional es poco lo que está haciendo para ayudar a nuestros vecinos a recuperar la gobernabilidad perdida. Sin embargo, entendemos que, aun en las peores circunstancias, el país no debe permitir que ninguno de los agentes involucrados en esta problemática, incurra en actuaciones arbitrarias, violentas, violatorias a los derechos humanos, que afecten a los inmigrantes haitianos, ni mucho menos a dominicanos de origen haitiano o a humildes ciudadanos que, en algunos casos, son confundidos en las redadas, detenidos y sometidos a vejaciones y extorción, antes de ser puestos en libertad.
5. Los derechos humanos y la reforma policial
Este es un tema que ha dominado la opinión pública en el 2022, un problema recurrente en las últimas décadas y, aunque las estadísticas oficiales indican una baja en la tasa de homicidios, la cantidad de crímenes, asaltos y delitos es suficiente para mantener a la ciudadanía en un ambiente de temor.
Son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía. El gobierno ha iniciado una reforma policial, pero los resultados todavía no se ven, la policía sigue presentando comportamientos arbitrarios y represivos frente a la ciudadanía, actuaciones violatorias a los derechos humanos que a la vez han demostrado ser ineficaces frente a la delincuencia callejera. De igual manera, los feminicidios siguen creando consternación en la sociedad dominicana.
6.El Desempeño Económico en 2022
Por segunda vez en los últimos tres años, la economía dominicana ha sido víctima de eventos originados en el exterior, pero ha resistido la prueba relativamente bien, en comparación con la mayoría de sus pares de América Latina y el Caribe. El país ha exhibido un notable crecimiento con estabilidad en el 2022, esperándose que cierre alrededor del 5%, en un contexto en el cual la economía mundial solo crece 3.2% y la de EUA 1.6%.
El crecimiento se ha visto favorecido por la fuerte contribución de los sectores: turismo, salud, servicios, administración pública, zonas francas, comercio y finanzas. El empleo se sigue recuperando, pues la población ocupada superó los 4.7 millones, aunque más de la mitad se ubica en actividades informales. Según la Tesorería de la Seguridad Social, la nómina pública se incrementó en 13.2%, al pasar de 636,956 en septiembre del 2021 a 720, 831 en igual mes de 2022.
La inflación alcanzó el 8.24% anual a octubre, pero es fundamentalmente importada. Se ha mantenido relativamente controlada principalmente por tres razones: una es que el gobierno ha decidido mantener subsidiados la energía y los combustibles; la segunda es que el Banco Central, con la subida de los intereses, ha provocado una fuerte contracción monetaria; y la tercera, que la tasa de cambio se ha revaluado, gracias a las remesas y las fuertes entradas de capitales por endeudamiento público y privado.
Preocupa la elevación de las tasas de interés internacional, por sus repercusiones en el servicio de la deuda pública, y el acceso al financiamiento presupuestario. Entre el agravamiento del desequilibrio externo y la no reducción del déficit fiscal, un entorno internacional desfavorable y las más altas tasas de interés tienden a elevar el nivel de riesgo de la deuda para los países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, lo que encarecerá los nuevos financiamientos.
El fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y consolidación de la sostenibilidad macroeconómica, junto a mejoras significativas en el funcionamiento de las instituciones, son condiciones necesarias para disminuir la vulnerabilidad del país a cambios en el entorno internacional y lograr avanzar a un mayor nivel de desarrollo.
CONSEJO NACIONAL
14 de diciembre del 2022
