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Representantes de los países participantes en la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, que concluyó hoy en Santiago de Chile, reafirmaron su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, sin ningún tipo de discriminación y violencia, y ratificaron la responsabilidad de los Estados de proveer las medidas y acciones necesarias para garantizar un envejecimiento saludable, con dignidad y derechos.
En la Declaración de Santiago, aprobada por unanimidad, las autoridades renovaron su compromiso con el Plan Acción Internacional de Madrid, a 20 años de su aprobación, y los instrumentos regionales que refuerzan su implementación y vigencia.
El principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento y los derechos de las personas mayores se inauguró el martes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que ejerce la Secretaría Técnica de la Conferencia. El encuentro reunió a delegadas y delegados de 29 países miembros de la CEPAL y de 3 miembros asociados, además de representantes de 9 agencias de las Naciones Unidas y 49 organizaciones de la sociedad civil. En total, más de 300 personas participaron de manera presencial y unas 2.600 siguieron la conferencia vía remota.
En la sesión de clausura participaron Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL; Jozef Maeriën, Oficial a Cargo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y Francisca Perales, Subsecretaria de Servicios Sociales de Chile, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores.
“Esta Conferencia nos ha brindado la oportunidad de participar de riquísimos debates e intercambios. Los representantes de los países han dado cuenta de los avances en el ámbito legislativo, pero también de la necesidad de fortalecer las instituciones a cargo de los asuntos relativos a las personas mayores. Para ello es necesario mantener una coordinación intersectorial e interinstitucional que dé mayor impacto a las políticas hacia las personas mayores”, afirmó Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, quien destacó que la cobertura universal de la protección social de las personas mayores es una vía segura para superar la desigualdad en el envejecimiento.
“Desde la CEPAL continuaremos colaborando con los grupos de trabajo interagenciales sobre envejecimiento y seguiremos trabajando en la generación de datos y conocimiento actualizado sobre el envejecimiento y derechos de las personas mayores con recomendaciones de políticas. Concluimos esta reunión con una agenda de trabajo ambiciosa y exigente. Nos vamos con la satisfacción de haber aprobado la Declaración de Santiago, resultado de la voluntad de acuerdo entre nuestros países”, destacó.
Jozef Maeriën, Oficial a Cargo de la Oficina Regional del UNFPA, hizo un llamado a la acción que permita “enfrentar las desigualdades estructurales y discriminación social que excluye a las personas mayores, las exponen a la pobreza, a la violencia y a fenómenos como el cambio climático, impidiendo la garantía plena de sus derechos”.
La Subsecretaria Francisca Perales, por su parte, subrayó la necesidad de avanzar hacia la sociedad del cuidado para garantizar un envejecimiento digno y destacó la importancia de la articulación entre la institucionalidad y las organizaciones y movimientos sociales para garantizar la dignidad y el bienestar de toda la sociedad.
“Buscar el bienestar implica también buscar la felicidad de las personas”, destacó.
En la Declaración de Santiago las y los delegados de los países presentes destacaron el rol crucial de la Conferencia Regional como el espacio intergubernamental para el proceso sistemático de evaluación voluntaria regional del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
Reconocieron también que el acceso a la justicia es un derecho humano esencial y el instrumento fundamental por medio del cual se garantiza a las personas mayores el ejercicio y la defensa efectiva de sus derechos, y resaltaron las diversas y fundamentales contribuciones que las personas mayores realizan para el funcionamiento de las sociedades.
En ese sentido, la Declaración de Santiago insta a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad, y a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural y sus derechos humanos.
“Instamos a los Gobiernos a que incorporen de manera transversal en sus políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento, que implementen políticas específicas para las personas mayores con enfoque de derechos, de género, interseccional, intercultural, así como de curso de vida, y que promuevan su autonomía e independencia”, señala el documento.
La Declaración insta también a los Estados a que reconozcan la brecha digital que afecta a las personas mayores, y ratifica el compromiso con el desarrollo de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, que viabilicen el acceso garantizado, sin discriminación, a una salud de calidad, vivienda y servicios básicos.
Asimismo, reconoce el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector académico en la implementación, el seguimiento, los procesos evaluativos y la difusión del Plan de Madrid.
La Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe para el 2022-2027 quedó compuesta por Chile en la Presidencia, junto a Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guyana, Panamá, Paraguay y Perú en las Vicepresidencias.
