La seguridad ciudadana siguió siendo principal deuda de las autoridades en 2022

República Dominicana-La inseguridad ciudadana representó para los dominicanos la mayor problemática del año que casi finaliza, por encima incluso de la corrupción, al punto que el 64 por ciento de la población evita salir de noche por miedo a los asaltos, de acuerdo a la encuesta Enhogar 2022, publicada por el Oficina Nacional de Estadísticas.

Pese a la puesta en marcha de la Reforma Policial y del despliegue de planes preventivos desde mi barrio seguro hasta patrullaje mixto y por cuadrantes, que al igual que en otras ocasiones solo dieron respuestas denuncias del momento, la disminución de los niveles de inseguridad continua siendo una materia pendiente para el Gobierno.

A juzgar por las circunstancias, este año finalizará bajo el mismo escenario que inició. Y es que no pasó mucho tiempo desde que el presidente Luis Abinader advirtiera en noviembre pasado, que los delincuentes serían enfrentados en cualquier terreno, para que empezaran a caer señalados antisociales a manos de la Policía. Se pueden contar por docenas los abatidos en alegados intercambios de disparos, mientras que una Comisión de Derechos Humanos que solo paree defender los derechos de los mas inhumanos ha empezado a ejercer presión sobre el Gobierno.

Diciembre alcanzó su primera mitad bañada en sangre, siendo el hacho mas notorio en el que resultaron abatidos 6 supuestos integrantes de una banda criminal en Los Alcarrizos, entre ellos dos miembros del cuerpo del orden.

En este mes también fue acribillado Víctor García (El Bebé), de 27 años, tras enfrentar a la Policía cuando se disponían a detenerlo, por el asesinado del teniente coronel de la institución, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, Orlando Stephan de la Rosa.

El viernes 2 Henry Suárez Núñez, que junto a otros tres había atracado a varias personas en El Almirante, murió al enfrentar una patrulla.

Iniciando junio una Patrulla de PN mata Bombo Calderón de 20 años, líder de la pandilla Los Menores, a la que también pertenecían  Kelvin Santos de la Cruz alias Jack Maicol, Jeral David Peralta y otro solo identificado como Yael, quienes también fueron abatidos, asaltantes matan a tiros teniente de la FAD, Damaurys Jiménez, en Bayaguana, donde se desempeñaba como mensajero de Loteka; en Santiago desconocidos disparan desde un vehículo y matan a Julio Carcaño –Chicho-, de 40 años, y resulta herido el peruano Dante Romero, de 61 años, y Henry Arias mata en Boca Chica a Sonia Gómez, su ex pareja, de 44 años. 

En octubre la delincuencia impuso un toque de queda en San Felipe de Villa Mella, luego de que tres personas murieran y varias resultaran heridas durante un enfrentamiento entre bandas por el control de un punto de drogas.

Por otro lado, cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y residencias fueron las principales testigos del accionar de desaprensivos, que cada vez respetan menos la hora del día, la edad, el sexo o extracto social, ni mucho menos rango policial o militar de sus víctimas, imponiendo sus propias leyes.

A pesar del esfuerzo realizado por las autoridades, la seguridad ciudadana parecía salírsele de las manos y ya para noviembre pasado los homicidios en el territorio nacional superaban 300 casos, de acuerdo a cifras del Ministerio de Interior y Policía.

La designación de un director policial con fama de “mano dura”, como el mayor general Eduardo Alberto Then, transfirió a la ciudadanía una confianza que el avance de su administración se fue desvaneciendo, pues los delincuentes seguían haciendo de las suyas.

El crimen organizado también cobró fuerzas este año que finaliza, siendo de los casos más sonoros el asesinato de dos personas en el mes de junio, en el interior de un vehículo en la carretera de San Isidro y la muerte a tiros de los ocupantes de una yipeta en movimiento la carretera Mella, hecho ocurrido en agosto.

La criminalidad también tocó las puertas del Gobierno, cuando lunes 6 de junio, Miguel de Jesús Cruz de la Mota asesinó al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en su propio despacho, al no haber conseguido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación de baterías usadas.

Servidores públicos tampoco escaparon a la ola de delincuencia que azota al país. A finales de agosto, el exsenador César Díaz Filpo, esposo de la senadora por Azua Lía Díaz, fue asaltado y dejado amordazado en su casa. Quince días antes había sido ultimado el hijo del diputado Darío Zapata durante un asalto en el Distrito Nacional.

El descredito de la Policía Nacional creció con la muerte de varios detenidos en destacamentos policiales. De estos generaron mayor ruido la muerte de David de los Santos mientras se encontraba bajo custodia policial en el destacamento de Naco, acaparando portadas de medios de circulación nacional y el repudio colectivo de la sociedad.

Un caso parecido ocurrió en San José de Ocoa, con José Gregorio Custodio quien le declaró a su madre en el hospital que la Policía lo había molido a golpes.

Mientras cientos de familias que aún esperan respuesta sobre paradero de familiares que un día salieron y no regresaron, llevaron su reclamo hasta el Palacio Nacional, implorando acciones concretas respecto a la suerte de sus seres queridos. Más de 650 sumaron los desaparecidos en el 2022, pero el departamento de búsqueda de la Policía Nacional solo cuenta con 10 personas para esos fines.

La ola de delincuencia y criminalidad iba dejando a su paso una estela de muertes y el sabor amargo de unas autoridades que no daban pie con bola a la situación. Todo esto ocurría justo en momento en que el Gobierno empezaba con la aplicación de la reforma policial y se ejecutaban medidas como la instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911, la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas; la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas, entre otras ejecutorio.

Las controversiales declaraciones del Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, sobre una supuesta costumbre de corrupción en la Policía, encabezada por agentes de alto rango, de la que solo parece salvarse el actual director policial hizo pasados jefes rasgarse las vestiduras defendiendo su honra.

Mientras pasados gobiernos que tampoco pudo tomar control sobre la inseguridad ciudadana, hoy desde la oposición parece tener una varita mágica para la solución del problema.