Gobierno justifica ley regula fideicomisos públicos

El Gobierno dominicano, manifestó que debido a la informalidad de la figura de fideicomisos en el país, la ley para regular los fideicomisos públicos garantiza que serán el vehículo de inversión más regulado y que serán controlados por la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y el Congreso Nacional.

Entre los argumentos que justifican la aprobación del proyecto de ley que busca establecer normas para regular a los Fideicomisos Públicos en el país, figura los12 fideicomisos que operan sin regulación, agregando que ahora todo está permitido, porque nada está prohibido.

En un comunicado dado a conocer por la Dirección de Prensa del Presidente se indica que este Gobierno, como ningún otro, quiere poner límites, “porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente. Por eso, propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos”.

Asimismo, especificó que, por eso, se propuso una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos.

Manifestó que ante las críticas infundadas lanzadas contra la iniciativa, resultaba oportuno aclarar que “los Fideicomisos Públicos no son una empresa privada”.

En ese sentido, expone que los activos públicos que se transfieren conservan siempre su naturaleza de propiedad estatal, propiedad de todos los dominicanos; y en el caso de cualquier operación de venta, necesariamente tendría que ser aprobada por el Congreso Nacional, como manda la Constitución.

Las autoridades sostienen también, que los Fideicomisos Públicos se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado; porque, además de cumplir con la ley de compras y contrataciones, serán supervisados por la Contraloría General, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Congreso Nacional, y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

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