Defensor del Pueblo revela la mitad de la población dominicana desconoce sus derechos

SANTO DOMINGO.-Un estudio realizado por el Defensor del Pueblo reveló que un cincuenta y cinco por ciento de la ciudadanía no sabe cuáles son sus derechos, y un setenta por ciento piensa que las leyes no son iguales para todos.

Los datos fueron recogidos en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por el Defensor del Pueblo, la cual arrojó que un 60 % de la población no sabe cuáles son sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República.

El estudio, elaborado con una muestra de 800 personas en la modalidad presencial y telefónica, estableció que más de la mitad de las personas encuestadas no conoce ningún derecho humano (54.4 %) y un 29.96 % de la muestra dijo conocer varios derechos humanos, solo un 8 % dijo conocer por lo menos un derecho humano.

Por rango de edad, el grupo que conoce todos los derechos humanos se encuentra entre 40 años y más. En contraposición, las personas de 18 a 24 años consultadas, no conoce ningún derecho humano para un 66.9 %. El nivel educativo es un indicador de conocimiento de derechos, a mayor el nivel educativo, mayor es el conocimiento acerca de los derechos humanos. En base en el sexo indicado por las personas, la encuesta no arrojó diferencias respecto al conocimiento sobre los derechos entre hombres y mujeres.

Para las personas encuestadas, el derecho humano más importante es el derecho a la vida con un 55.81 %, seguido por los derechos a libertad con un 8.49 %, a la salud con un 7.87 % y a la igualdad con 5.37 %; otros, como los derechos a la alimentación, educación, trato digno y no discriminación, libre expresión e información estuvieron en 4, 3.50, 3.50 y 2.62 %, respectivamente. Otros prerrogativas no sobrepasaron el 2 %.

Respeto a los derechos humanos

En cuanto a la apreciación acerca del respeto por los derechos humanos, es decir, qué tanto las personas sienten que se respetan los mismos, cuatro de cada diez personas declararon que los derechos humanos son “poco” respetados (41.9 %). Mientras un 21 % dijo que “algo”, un 19 % dijo que “nada” y un 17 % declaró que “mucho”.

Asimismo, más de un 70 % de las personas entrevistas opinó que, en la República Dominicana, las leyes no aplican a ciertos grupos, mostrándose mayor tendencia de esta percepción en los segmentos más jóvenes; solo un 22.6 % percibe que en el país todas las personas son iguales.

Para el 26.7 % el derecho a la vida es el derecho menos garantizado en el país, seguido por los derechos a la igualdad y la integridad personal, 19.6 % y 16.6 %, respectivamente. Este hallazgo (del 26.7 % de la muestra) se corresponde con la opininión de que el derecho a la vida es el más importante para los encuestados (55.81 %).

En cuanto a la percepción sobre la frecuencia con la que son violentados los derechos de los distintos grupos poblacionales, los resultados muestran que con mayor frecuencia se vulneran los derechos de: las mujeres con un 52 %, las personas LGBT+ (homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales) con un 43.2 %, las personas migrantes con 41.4 %, seguido por las personas privadas de libertad (encarceladas) con un 38 %, la población adulta mayor con un 37.6 %, las personas con VIH y las personas con discapacidad con 36 % cada uno, los niños, niñas y adolescentes 32 %. El porcentaje descendió significativamente al cuestionar a los participantes acerca de la frecuencia en la que consideran que son violados los derechos de las personas por su color de piel, edad y ser de sexo masculino.

Estado, sociedad civil y derechos humanos

Acerca del nivel de protección de los derechos humanos, en comparación con la realidad de hace cinco años, el 43.6 % consideró que están menos protegidos, un 30 % consideró que están más protegidos y el 27 % que están siendo protegidos de igual manera.

Al cuestionar al respecto de qué tanto hace el Estado dominicano para garantizar los derechos humanos, las opiniones indicaron que el Estado acciona más en favor de los derechos a la educación, a la integridad personal y a la salud; por el contrario, consideraron que los derechos a la justicia, el trabajo y el salario digno, reciben menos atención estatal.

Respecto a las valoraciones de la protección de sus derechos humanos por parte de diversas entidades públicas, internacionales y de sociedad civil, las personas participantes indicaron como instituciones de mayor confianza para la defensa de sus derechos a las iglesias (78.5 %), los medios de comunicación (59.4 %) y las Fuerzas Armadas (58 %). Por el contrario, los partidos políticos (73.5 %), la Policía Nacional (70.5 %) y las empresas (65.9 %) son las entidades a las que tienen menor confianza.

Continuando con la percepción de las entidades que más promocionan el respeto a los DDHH, el 23 % señala a las Iglesias, el 15.5 % al Defensor del Pueblo y el 12.4 % a la Presidencia de la República.

Ahora bien, en caso de experimentar una violación a sus derechos, indican que recurrirían primero a la Policía Nacional, a las Iglesias o al Defensor del Pueblo. Sin embargo, el 55 % consideró que la Policía Nacional es la entidad que menos respeta los derechos humanos, así como, en menor medida, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional.

Para este estudio, realizado por el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo, se utilizó un muestreo probabilístico; con un margen de error máximo del 5 % y un nivel de confianza de 95 %. La misma implicó el levantamiento de información una muestra de 800 encuestas de las cuatro (4) macrorregiones y las provincias de interés especificadas en el estudio.

El objetivo del Defensor del Pueblo es evaluar el estado actual de los Derechos Humanos en la República Dominicana, mediante la implementación de la primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH) 2022, donde se tuvo una aproximación a los conocimientos, opiniones y actitudes de la población respecto a sus derechos humanos, los grupos vulnerabilizados, la discriminación y el cumplimiento estatal para el diseño y la implementación de políticas públicas que contribuyan a garantizarlos.