Inspectores del Ministerio de Trabajo anuncian una huelga para el 20 de febrero

Santo Domingo. – La Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (ASITRAREDO) anunció este miércoles un paro de sus labores en el Ministerio de Trabajo, a ser realizado el próximo lunes 20 de febrero de 2023, en reclamo de varias reivindicaciones.

La información fue brindada por el abogado de ASITRAREDO, Oliver Batia, quien recibió plenos poderes para representar legalmente y a nivel de vocería a los 174 miembros del gremio.

Batia explicó que el ministro Luis Miguel De Camps, en vez de ejercer una defensa legal limpia, se ha dedicado a intentar sonsacar a los Inspectores y representantes locales para cumplir a medias con la escala salarial y de viáticos establecidas por el MAP.

“Hacemos de su conocimiento que las 40 representaciones locales estarán cerradas por 24 horas, el 20 de febrero del año en curso. Este paro es el primero de otros que se llevarán a cabo, en caso de que siga la persecución del Ministro de Trabajo”, enfatizó Batia.

Reivindicaciones

Los miembros de la Asociación de Inspectores de la República Dominicana (ASITRAREDO), presentaron una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo, en virtud de que han sido trasladados constantemente, por lo que se les crea pérdidas económicas y distorsiones familiares, tales son los casos, por mencionar algunos, del Lic. Saturnino Nina Fortuna, representante local que fue trasladado desde Puerto Plata a la provincia Independencia (Duverge). Además, el Lic. Víctor Guerrero Ogando, representante local que fue trasladado de la provincia de Santiago de los Caballeros hasta la provincia de La Altagracia; la Licda. Faye Julia Isabel, fue trasladada de Barahona a la provincia Sánchez Ramírez.

Además, el recurso busca que les sea aplicada una nueva escala salarial que ya fue aprobada por el MAP hace 14 meses y que se les paguen los viáticos correspondientes por los traslados de sus áreas de trabajo.

Oliver Batia, Abogado representante, alegó que se calculan en más de 600 millones de pesos los recursos dejados de entregar a estos servidores públicos.