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  • Por: Moisés Hiches
  • lunes 20 febrero, 2023

Instituto Duartiano rechaza nuevo proyecto de protección a mujeres ilegales

Asegura que es una conspiración contra la soberanía dominicana

Aunque fue retirado del Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación o Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado, ahora ha vuelto el rechazo a otro proyecto que pretende proteger en el país a mujeres y niños ilegales que sean víctimas de abuso.

No bien la población había respirado por el retiro del Congreso del Proyecto de Ley Sobre Trata de Personas, cuando ya otro causa el mismo pensar que al anterior.

El nuevo proyecto, que busca acoger en el país a mujeres y niños ilegales víctimas de abuso, es totalmente rechazado también por entidades y personalidades, que lo catalogan como una conspiración sobre la República Dominicana.

"La República Dominicana vive una realidad innegable, el país atraviesa por un momento difícil, no solo por la presencia haitiana por la presencia en masa, sino por lo que hay en frontera, pero además, y lo peor, la indiferencia de organismos internaciones de socorrer a Haití en una situación difícil como la que viven, pero eso no debe significar que República Dominicana deba aprobar proyectos que vayan en contra de su constitucionalidad", dijo Gómez Ramírez.

El presidente del Instituto Duartiano también rechazó la disposición de Canadá de ofrecer 10 millones de dólares para proteger a mujeres y niños víctimas de maltrato en República Dominicana.

Sostuvo que es otra estrategia de más de un país norteamericano para introducir presión para que la República Dominicana haga con Haití lo que no le compete.

"Ningún país tiene derecho de proponer medidas o normas migratorias en nuestro país. Toda nación u organización extranjera que quiera ayudar a Haití, puede hacerlo, pero que lo hagan en su país, no en República Dominicana", añadió.

El nuevo proyecto de Ley Integral de Protección a Víctimas de Violencia de género, establece que las instituciones privadas, organizaciones sociales y las personas en general, tienen el deber de involucrase en la prevención y denuncia de la violencia contra las mujeres, pero además prohíbe su deportación.

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