“Andan capitales buitres detrás de nuestras aguas”; alertan propósitos para privatizar el agua

República Dominicana.-La Red Socio Ambiental Nacional y la Articulación Nacional por el derecho Humano al Agua, alertan que “el viernes 24 de febrero, mientras se discutía el borrador del Pacto del Agua, se entregó una última versión de la propuesta de Ley de Agua, y como por arte de magia eliminaron el concepto CONCESIÓN del bien y lo sustituyeron por Derecho Administrativo Real, sin explicar ¡qué es eso!”.

La Red Socio Ambiental Nacional y, especialmente la Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua advierten a “los que pretenden por todos los medios entregar el agua al sector privado y a los bancos internacionales, que recuerden que todavía está fresco en la memoria la referencia de lo que ocurrió en Cochabamba, Bolivia, como consecuencia de algo similar”.

Aquí la denuncia

CONCESIÓN ES PRIVATIZACIÓN:

¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!!

El agua no debe ser concesionada a sectores privados, porque equivale a privatización de un recurso y derecho humano primordial

Hace más de 20 años se ha propuesto la urgente necesidad de una ley de agua, legislación que permitiría que este recurso llegue de manera justa a toda la población en República Dominicana, y que se regule su uso para que, como se trata de un derecho fundamental el acceso al preciado líquido, la misma sea servida en cantidad, calidad, a buen precio a todos los sectores nacionales, sin discriminación.

Desde finales del siglo pasado hemos tenido varias propuestas de regulación del recurso agua, siendo las más discutida, la primera de seis proyectos que se ha publicado desde el 2020 a la fecha.

La propuesta de ley de agua que más llamó la atención de los sectores sociales fue la aprobada por el Senado el 9 de junio de 2020, que al ser estudiada a fondo nos encontramos con la privatización velada mediante el sistema de concesión, y nos movilizó para estudiar y detectar los propósitos, por los que llegamos a la conclusión de que había que articular un movimiento para la defensa del agua.

Es así como surge la Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua (ANDHA) un colectivo integrado por organizaciones sociales y ambientales de todo el país, dispuestas a oponernos a que el agua sea concesionada, por entender que la concesión equivale a una privatización del recurso.

Desde el 2020 hemos celebrado encuentros y eventos locales e internacionales, basándonos en la resolución 64-292, emitida por la ONU el 28 de julio del 2010, en la que establece el Derecho Humano al Agua como garantía de otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la producción y la dignidad, entre otros.

Antes de esta resolución, existe la vigente Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dispone: “todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derecho adquirido sobre ellas”.

En la Constitución del 26 de enero de ese año 2010, en su artículo 15 precisa que: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración de políticas efectivas para la protección de los Recursos hídricos de la nación”.

Como podemos observar, nuestro marco jurídico establece la protección del recurso agua. Sin embargo, las cinco propuestas de ley que hemos conocido en estos casi tres años, incluyen todo un capítulo dedicado a la concesión del recurso, lo cual pone en entredicho lo estipulado en el marco legal y la Constitucional dominicana.

El concepto de concesión equivale a privatización, y eso no debemos permitirlo porque el recurso agua es finito, aunque andan capitales buitres detrás de nuestras aguas.

El capítulo III de la actual propuesta de Ley está dedicado a la concesión del recurso y llega tan lejos que , en el artículo 76 que trata sobre el cambio del agua en situaciones de emergencia, dice: “En época de sequía o por causa de fuerza mayor, para mantener el servicio de abastecimiento a las poblaciones, la ANA (Autoridad Nacional del Agua, -organismo de posible creación con la Ley de Agua-) podrá utilizar por tiempo necesario , las aguas otorgadas a otros concesionarios, procurándose una justa compensación a ser pagada por los beneficiarios de este cambio”  Eso significa que el Estado deberá pagarle al concesionario por el uso del agua concesionada. ¡¡Una aberración!!

El capítulo referido a la concesión, tumba toda la filosofía e interés nacional y soberano con el que se justifica el espíritu de la Constitución y de la Ley 64-00 sobre medioambiente, en la Ley de Agua a la que aspiramos.

La concesión, como está en el proyecto que reposa en el Congreso Nacional, prevé 40 años de enajenación del bien y 20 años más si las cosas van bien para el inversionista. Esto es indignante y viola el derecho a nuestra dignidad como pueblo. En 40 años deberemos comprar el agua por vaso al precio que proponga el concesionario, si aceptamos que ese proyecto siga adelante y que establezca la posibilidad de concesionar nuestras aguas.

El agua es un bien estratégico y no requiera de tecnología sofisticada para su manejo, como sería el petróleo y hasta el oro. En este país requerimos una Ley que garantice el derecho humano al agua, que se regule su uso, que se pague lo debido por el manejo administrativo y de suministro de un bien tan importante para nuestras vidas.

Nos quieren imponer mediante un recurso legal la concesión o privatización del agua como si la administración del Estado no tuviera ninguna posibilidad de manejarla. Si privatizamos la poca agua que tenemos moriremos de sed.

¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE NUESTRAS AGUAS!!

Santo Domingo, D.N.,