El único que puede responder es el ministro de Energía y Minas

La mala operación que ha sufrido Punta Catalina en el 2021 y 2022 es una de las principales razones de la baja disponibilidad.

Punta Catalina es la central con más fallas según el Organismo Coordinador.

Por mi experiencia profesional, la disponibilidad de una central térmica a carbón bien operada y bien mantenida, con stock de repuestos apropiados en términos de cantidad, es superior al 90%.

Celso Marranzini declaró hace poco que cuando recibió la administración de Punta Catalina, durante los 20 meses previos al inicio de su gestión no se compró un solo repuesto.

Esos 20 meses previos se refiere a la gestión previa en el presente gobierno presidida por el actual Ministro de Energía y Minas en su calidad de jefe de CDEEE y  presidente del comité de compras y contrataciones de CDEEE, unidad responsable de convocar las licitaciones para la compra de los repuestos.

Punta Catalina como mínimo debería tener un stock de repuestos en el orden de los 20 millones de dólares.

Si se hubiera ejecutado la fianza de garantía entregada por el Consorcio por un monto cercano a los cien (100) millones de dólares, con ese dinero se hubieran resueltos la gran mayoría o totalidad de los señalamientos contenidos en la auditoría de Sargent Lundy.

Por qué la CDEEE quien tenía en su poder las fianzas de garantía, las dejo vencer, sobretodo que en este gobierno las autoridades responsables vivían declarando  sobre reclamos al Consorcio y cuestionando la calidad de Punta Catalina, al extremo de señalar que las calderas tenían serios problemas estructurales.

La única persona que puede responder por qué no se ejecutó la fianza de garantía de Punta Catalina es el Ministro de Energía y Minas quien era el jefe de la CDEEE desde el 16 de Agosto 2020 hasta la fecha de su destrucción, hecho que ha celebrado y gozado como si fuera un logro personal. 

La situación actual es que la garantía de Punta Catalina expiro, que prácticamente no se le debe un centavo al Consorcio y que el Estado tiene tres opciones, tratar de convencer que el Consorcio asuma los costos de corrección y reparación, en caso de negativa, asumirlos el Estado o demandar ante tribunales al Consorcio.

Me temo que la opción será que el Estado asuma los costos de las reparaciones que pudieron ser cubiertos si se hubiera ejecutado la fianza de garantía entregada por el Consorcio por un monto cercano a los cien (100) millones de dólares.

El Ministro de Energía y Minas le debe una explicación al País