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El presidente Luis Abinader y su Gobierno se han alzado con un luminoso banderín de confianza y una alta dosis de aprobación popular, logrando apuntalar su preferencia en amplios sectores sociales, específicamente del sector laboral privado no sectorizado para cuyo componente anunció un aumento salarial.
Con esta medida, los gestores gubernamentales facilitan el alcance de importantes beneficios económicos para millares de empleados que ahora podrán aumentar sus capacidades de compra de alimentos y pago de servicios básicos, además de dinamizar la economía.
Pero no todo cayó de agrado y dio motivos para alegría y festejos porque mientras este aumento salarial compensa a una extraordinaria masa de empelados y sus familias ante una baja de su poder adquisitivo, un sector político que apostó por el fracaso del Gobierno está ahora sin provisiones, mientras su barco se hunde poco a poco en mares tempestuosos y profundos.
El más afectado ha sido el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que no sale de sorpresas cada vez que intenta una ofensiva y recibe respuestas serenas, pero aplastantes, del lado gubernamental.
Este anuncio sobre el aumento salarial ha sido fulminante.
El Gobierno de Abinader ha cumplido su promesa a la población de implementar soluciones a sus problemas vitales, específicamente sus ingresos económicos, anunciado un aumento del 19% al salario mínimo de empleados del sector no sectorizado. Esta conquista social contribuye a compensar depreciaciones del poder adquisitivo de los empleados, mientras deja mal parados a políticos opositores como Fernández, que vaticinaban catástrofes sociales.
Así, se ha logrado un acuerdo, por la vía del consenso entre el sector empresarial y lideres de los trabajadores, de un aumento de salarios que entrará en vigor en abril venidero.
Se trata de un alza de un 15% y, posteriormente, en febrero de 2024, un incremento del 4% para las grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Esto fue lo que anunció el Comité Nacional de Salarios, en una reunión con presencia del presidente Luis Abinader y el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps.
Este aumento salarial encamina hacia grandes objetivos sociales, básicamente el bienestar de los trabajadores y aumento de productividad, una de las grandes misiones estratégicas del presidente Luis Abinader.
El mandatario ha confiado en que el consenso constituye la ventaja real de la competitividad de la economía dominicana, convirtiéndose en un nuevo triunfo que tiene su soporte en el sentido prudente y desarrollista del sector empleador, que tiene un compromiso social con el desarrollo económico del país.
El mandatario está convencido de que todo ciudadano que desempeña una labor pretende lograr una remuneración económica justa.
El salario satisface las necesidades básicas de los trabajadores y el componente familiar, siendo en la mayoría de los casos, uno de los principales costos de producción de un empresario.
De ahí la importancia del consenso para mantener la armonía en el proceso productivo, unas relaciones de producción capaces de sostener la productividad empresarial y, en sus efectos, la paz social.
El Gobierno se ha esmerado en mantener el equilibrio basado en un manejo prudente de los vínculos entre el sector empresarial y los trabajadores.
Por eso, Abinader ha sido consecuente en una política salarial justa, basada en el consentimiento mutuo de las partes involucradas, con el gobierno en misión de mediador, garante de pactos elegantes donde no haya ganadores ni perdedores involucrados, sino que la carta de triunfo sea la prosperidad del país.
El Ejecutivo ha logrado, como ejecutor de las normas del Estado, que las grandes, medidas y pequeñas empresas favorezcan con una remuneración equilibrada a sus empleados, que a su vez estarán estimulados a ofrecer un mayor rendimiento en sus trabajos.
Fue otro éxito del Gobierno al tocar para bien los bolsillos de millares de dominicanos que trabajan con tesón por el bienestar de sus familias y el país.
Desgraciadamente, para Leonel Fernández fue un sorpresivo y paralizante “golpe de bolsón”, como se dice en el argot de los galleros.
