Ministro Educación genera dudas con idea de tener impresos 14 millones de libros en junio próximo

Santo Domingo. La pretensión del Ministerio de Educación de tener impresos para junio de este año 14 millones de libros de texto, a través de sus propios medios y bajo convenio con universidades y otras organizaciones para su elaboración, fue puesta en dudas por Felipe Rivas, doctor en Educación y consultor internacional.

El doctor Rivas, investigador y consultor para gobiernos y organizaciones internacionales como El Salvador, Guatemala, La UNESCO, y UNICEF, se mostró sorprendido al conocer las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, en el sentido de que próximamente convocará una licitación pública para para la impresión de 14 millones de libros de textos, los cuales esperan estén “a tiro de impresión” para junio venidero.

“¿De este año?  Imposible. No conozco los detalles, tendríamos que ver qué tan avanzado lo tienen, qué niveles han trabajado, qué investigaciones previas han realizado, cómo está el material de mediación, ligados a cuidados a nivel de producción, pero es muy difícil por los tiempos, incluso solo el proceso de reproducción, de producción, sería muy complejo aventurarse a decir una fecha de esa naturaleza”, reaccionó Rivas.

El cambio en la política editorial del Ministerio de Educación fue tratado en el programa de investigación El Informe que dirige la periodista Alicia Ortega, donde se informó que los libros están siendo elaborados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad ISA de Santiago, Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, y la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís y otras entidades académicas.

El doctor  Rivas afirmó que “los libros de texto en particular, de acuerdo a la experiencia en América Latina,  casi siempre están orientados  a editoriales privadas porque por su misma naturaleza tienen que estar realizando inversiones en términos de la investigación y  desarrollo, los ministerios por sus mismas limitantes no han tenido el mismo ritmo en términos de la producción de texto, pero sí son el ente rector, el ente obligado del derecho humano a la educación, y por ende deben tener recursos capacitados, centrados en la política educativa”.

Agregó que las entidades editoriales privadas tienen algunas ventajas al tener procesos sistémicos por lo que pueden ofrecer al Estado ventajas competitivas, valores agregados “y en ese sentido las alianzas público-privadas han predominado para que los ministerios se concentren en precisamente desarrollar plenamente la actualización curricular, y todo el instrumental que se requiere para que la sociedad cuente con una educación de calidad”.

Durante el reportaje, se presentó la investigación “¿Qué papel juegan los Ministerios de Educación?” elaborado por Francisco Cabrera Romero consultor con experiencia en políticas públicas en el campo de la educación, diseño, y desarrollo de procesos y materiales para el aprendizaje, el cual da cuenta de que en Colombia, Chile y Puerto Rico también utilizan editoras privadas.

En relación a los países que sí producen sus propios textos destaca a México, con una larga experiencia en ese campo y Guatemala. Sobre este último Cabrera Romero dice es un caso “atípico” en la región, pues desde siempre el Ministerio de Educación ha pretendido desarrollar los libros de texto, pero al menos en los últimos 30 años no ha tenido la capacidad de hacerlo de forma consistente y recurrente, de manera que no solo no lo ha encargado a las casas editoriales, sino que tampoco ha hecho los propios. Esto ha redundado en que la gran parte del tiempo las escuelas no tienen libros de texto o solo tienen para una de las tareas curriculares y es muy difícil que haya libros dos años consecutivos.

Según El Informe, una de las empresas con mayor experiencia de impresión en el país presupuestó que solo la impresión de los libros que está haciendo el Ministerio de Educación costaría unos 4 mil millones de pesos y ese monto dependerá de la cantidad de páginas que finalmente tenga cada texto; contrario a lo expresado en otras entrevistas por el ministro de Educación de que ese trabajo costaría entre 600 y 800 millones de pesos.

Asimismo, durante el reportaje el ministro de Educación, Ángel Hernández, defendió su proyecto Libro Abierto y afirmó que a través del mismo ahorrará recursos al Estado y garantizará la calidad de los textos, pues serán elaborados por "la inteligencia más robusta" del país y centros académicos de prestigio.

En tanto, Luz Díaz, abogada representante de la editorial Actualidad Escolar 2000, al ser entrevistada afirmó que “la afirmación que ha hecho el ministro del ahorro de cinco mil millones de pesos al Estado Dominicano al año es falsa, que no tiene ningún fundamento, nosotros hemos presentado en otras ocasiones un desglose de cuales han sido las compras hechas por el Estado dominicano y en ninguna circunstancia el Estado dominicano ha comprado cinco mil millones de pesos en un año”.

Otro de los consultados por el programa fue el Rector de INTEC, Julio Sánchez Maríñez, quien al referirse a la posible participación de esa universidad en el proceso abierto por el MINERD dijo “Lo estoy evaluando con mucha tranquilidad, y los inputs los veo muy cortos para hacerlo de aquí a agosto, si participamos sería en español y matemáticas. Los equipos académicos están preparados para textos universitarios, pero para esto tienes que acoplarlos porque se trata de producir textos para primaria y secundaria, y hay una diferencia”.

El Informe presentó las declaraciones de María Victoria Angulo, ex ministra educación de Colombia, en una actividad organizada por EDUCA, en la que afirmó: “Hoy lo más importante, pues no es tomar demasiado tiempo y que cada país desarrolle textos cuando hay una oferta  tan amplia, puede tener una multiplicidad de ofertas porque además República Dominicana tiene la ventaja de tener un currículo que marca la ruta,  no ocurre en nuestro caso que es libertad de cada escuela aterrizar ese proyecto curricular”.

Finalmente, Boris de León, abogado de la editorial Casa Duarte, enfatizó que  el Ministerio no puede ser al mismo tiempo productor y árbitro, no puede ser al mismo tiempo juez y parte, porque la aprobación de los recursos de aprendizaje es una competencia del Consejo Nacional de Educación, “y este consejo  ha establecido un reglamento en el año 2017, la ordenanza 26-2017 que establece todo un sistema de cómo se realiza el proceso de evaluación de los libros de textos y esa ordenanza ha sido totalmente desconocida por el actual ministro y por el actual consejo de educación”.