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República Dominicana.-La presidenta de Opción de Democrática, Minou Tavárez Mirabal}, reveló que su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 2014, estuvo motivada por su denuncia al Gobierno de Danilo Medina sobre un ofrecimiento ilegal de RD$ 500 millones al Congreso Nacional para que se aprobara el proyecto de Punta Catalina.
“Yo me fui precisamente del PLD por denunciar ese tipo de escándalos (como el denominado Operación Calamar, por la Procuraduría), pero no de esa magnitud, pero estábamos hablando en ese momento de RD$ 500 millones”, precisó la exdiputada por el Distrito Nacional.
Tavárez puntualizó además que aún no deja de sorprenderle las recientes acusaciones de corrupción hechas a exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina.
La fundadora de Opción Democrática aseguró que los RD$ 500 millones ofrecidos al Congreso Nacional durante el primer mandato presidencial de Danilo medina eran brindados con el propósito de que fuesen usados para la reelección de los diputados del PLD, “con el argumento de que nosotros pudiéramos reelegirnos y yo me negué”, ponderó Minou.
La exdiputada señaló que siempre que conoce sobre casos de corrupción y hurto al erario público no deja de sorprenderse al tiempo que manifestó que le resulta doloroso que en el país persista la impunidad. “Vivimos en un reino de la impunidad”, sentenció Tavárez Mirabal.
La exfuncionaria, también afirmó que su último encuentro con Danilo Medina, fue en el 2012, en una reunión efectuada en la denominada “La Casita”, lugar señalado por el Ministerio Público en el que se llevaban a cabo las entregas de sumas millonarias de la Operación Calamar, aunque Tavárez Mirabal hizo hincapié en que su visita respondía a la discusión sobre una Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Operación Calamar
El Ministerio Público llevó a cabo la operación Calamar, que resultó en el apresamiento de 20 personas, entre exfuncionarios y colaboradores de los gobiernos de Danilo Medina.
Los principales acusados son los exministros Donald Guerrero, de hacienda; José Ramón Peralta, administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas.
