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  • Por: La Redacción
  • domingo 07 mayo, 2023

Educación amenaza con llevar a los tribunales a quienes difamen a sus autoridades

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación dijo que se reserva el derecho de denunciar ante la justicia a quienes emitan consideraciones difamatorias sobre las autoridades de esa institución.

El director de Comunicación del organismo, Rafael Rijo, explicó que un ex empleado de ese ministerio, Huascar Peña realiza pronunciamientos difamatorios sobre el presidente Luis Abinader y el incumbente de la cartera estatal Ángel Hernández.

Según explica Rijo, Peña acusa al primer mandatario y al ministro de actos de corrupción, haciendo énfasis en el cambio que se aplicará al uniforme escolar programado para el año escolar 2023-2024.

Indicó que el señor Huáscar Hernández está emitiendo juicios de valor sobre las actuales autoridades del gobierno y del MINERD basado en la actuación de pasados gobiernos, que sumieron al país en la corrupción, impunidad e irrespeto a las leyes y la institucionalidad.

Al respecto, el director de Comunicaciones del MINERD precisó que el señor Huáscar Hernández, y quienes pueden estar detrás de él, deben considerarse advertidos de que difamar irresponsablemente a gente de correcto proceder constituye un abuso inaceptable, por lo que “Hacemos reservas de acudir a los medios legales correspondientes para que sus infundios tengan consecuencias ejemplarizantes.

«Sus alusiones de que el cambio de uniforme sugeridos desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y aprobado por el Consejo Nacional de Educación se trataría de supuestos negocios, sin aportar el menor fundamento, es una irresponsabilidad propia del discurso mentiroso que viene poniendo en práctica sectores políticos rechazados y condenados por el pueblo dominicano», dijo.

Sobre el excapitán de fragata Huáscar de Peña, Rafael Alonso Rijo señaló que éste fue cancelado junto a otros tres oficiales luego de comprobarse, según el Ministerio, la denuncia de ciudadanos franceses residentes en la costa Norte de que recibió RD$500,000 por autorizar la construcción de una vivienda dentro de un área prohibida.

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