República Dominicana.-La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) recibió a la General Counsel del Departmento de Comercio de los Estados Unidos, Leslie B. Kiernan, quien agota, junto a una delegación de ese departamento, una agenda institucional en el país enfocada en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la ética en el Estado de Derecho.
La Sra. Kiernan, acompañada por Adam Al Sarraf y Jorge Aguilar del Commercial Law Development Program (CLDP) de la misma entidad estadounidense, fue recibida por nuestro vicepresidente ejecutivo, William Malamud, las vicepresidentas del Consejo de Directores, Francesca Rainieri y María Waleska Álvarez, Juana Barceló, también miembro del consejo y Jóribe Castillo, coordinador de Políticas Públicas de la Cámara.
Además, estuvieron presentes los miembros del Comité Legal de AMCHAMDR: Jaime Roca, Mary Fernández y Fabiola Medina. En representación de la Embajada estadounidense en el país participaron del almuerzo Erick Wolf, Justin Tapp y Juanita Aguirre.
Durante el almuerzo, William Malamud presentó ante Kiernan las prioridades institucionales de AMCHAMDR y su enfoque en la consolidación de los principios del Estado de Derecho, que ofrezca seguridad jurídica como base para el desarrollo sostenible del país y de su impacto en la creación de condiciones favorables para el comercio y la inversión.
De su lado, Jóribe Castillo, coordinador de Políticas Públicas de AMCHAMDR resaltó el trabajo que realiza la Cámara para promover la seguridad jurídica para el ecosistema de negocios de la República Dominicana, basado en el respeto al Estado de Derecho y cómo el mismo ha sido el eje central de la institución para velar por el establecimiento de reglas claras y regulaciones necesarias para continuar expandiendo los horizontes comerciales de la República Dominicana.
Kiernan y la delegación que la acompañó conocieron la visión de los presentes en el almuerzo, sobre el Proyecto de Ley de Compras y Contrataciones Públicas, resaltando su importancia para la promoción de los principios del Estado de Derecho y un ambiente favorable para la democracia, derechos humanos y las inversiones en la República Dominicana.