Brasilia (Agencia EFE).- La Corte Suprema de Brasil condenó este miércoles al expresidente Fernando Collor de Mello a una pena de ocho años y diez meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en un juicio por los sobornos que dio por probado que recibió entre 2010 y 2014, cuando ejercía un mandato como senador.
La pena fue fijada por la máxima corte en la séptima sesión del juicio contra el exmandatario, luego de que Collor de Mello hubiera sido declarado culpable el jueves pasado por la mayoría de los diez magistrados que conforman el Supremo Tribunal Federal (STF), con ocho votos a favor y dos en contra.
Según la decisión del Supremo, el expresidente tendrá que comenzar a cumplir la condena en régimen cerrado. Sin embargo, como aún puede apelar la decisión y tiene beneficios penales por su edad (73 años), permanecerá en libertad hasta que se juzguen todos los recursos presentados por su defensa.
La pena final fue casi cuatro veces menor que la de 33 años propuesta inicialmente por el magistrado Edson Fachin, instructor del caso, junto con una sanción pecuniaria de 20 millones de reales (4 millones de dólares o 3,4 millones de euros), que esta miércoles fue convertida en una multa de 450 salarios mínimos (unos 594.000 reales/117.159 dólares/110.000 euros).
Según la denuncia presentada contra Collor de Mello por la Fiscalía en 2015, el ex jefe de Estado se valió de su influencia en la política para beneficiar en contratos fraudulentos con BR Distribuidora, una filial de la petrolera estatal Petrobras, al empresario Joao Lyra, con quien mantiene una «relación de amistad».
Por intermediar en la concesión de tales contratos, por un valor total de 240 millones de reales (hoy 48 millones de dólares), el exmandatario recibió una «comisión» equivalente a cerca del 15 % de esa suma, según lo dado como probado por la Justicia.
Collor de Mello gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció al mandato en momentos en que el Parlamento se aprestaba a concluir un juicio de destitución en su contra, por acusaciones de presunta corrupción de las que luego sería absuelto en la misma Corte Suprema.
Entre 2007 y 2023 ocupó un escaño en el Senado y el año pasado fue candidato sin éxito al cargo de gobernador del estado de Alagoas, que ya había ejercido antes de llegar a la Presidencia.