Envían a juicio a integrantes de red de tráfico de personas desarticulada mediante Operación Iguana

República Dominicana-El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia Independencia dictó auto de apertura a juicio en contra de los vinculados a una red de tráfico de inmigrantes, desmantelada por el Ministerio Público a través de la Operación Iguana.

El juez Ernesto A. Cabral Gomera acogió la solicitud de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y ratificó las medidas de coerción consistentes en prisión preventiva y presentación periódica.

El tribunal también rechazó la solicitud de las defensas sobre las exclusiones probatorias, por no existir elementos de ilegalidad y porque existen autorizaciones judiciales.

El juez además rechazó la solicitud de exclusión de los anticipos de pruebas testimoniales, en el entendido de que los mismos cuentan con un auto que fija y convoca a la toma de los testimonios. 

El tribunal admitió como pruebas la toma en Cámara Gesell de los testimonios de todas las víctimas y testigos, por entender que se encuentra probado que se trata de crimen organizado y que son personas extranjeras que no están obligadas a permanecer en el país.

Rechazó la devolución de las pruebas materiales, porqué estas son útiles y pertinentes para probar el caso, además señaló que se trata de una red de crimen organizado y que la comunicación entre sus integrantes se producía en cascada o de manera jerarquizada.

El tribunal señala que, en los anticipos, llamadas y extracciones, queda evidenciado el modus operandis del grupo criminal organizado.

En el expediente acusatorio figuran Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

En la acusación también figura Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, quien facilitó su casa para el secuestro.