República Dominicana.-El azúcar, al igual que el petróleo, es el único producto con precios sugeridos, lo cual otorga a las autoridades la facultad de fijar el precio del dulce, tal como se hace con los combustibles.
Onpeco recordó que el azúcar se vendió en mayo a 32 pesos la libra, un precio que aún considera muy elevado, dado que nuestro país es productor del dulce. Por ello, debería existir un mecanismo para proteger a la población consumidora de los precios especulativos.
El organismo de defensa al consumidor pidió a las autoridades investigar qué está ocurriendo en el mercado del azúcar, debido a la existencia de la cultura del engaño en el comercio local. A veces, surgen comerciantes especuladores que se aprovechan de las circunstancias del momento y acaparan el producto para crear una escasez ficticia y luego propiciar precios monopolizados.
En ese sentido, Onpeco solicitó la intervención de PROCOMPETENCIA para que investigue la posible competencia desleal con un producto de alto consumo en la sociedad dominicana, y para que imponga las sanciones correspondientes, según la ley cuando existe una mala práctica en el mercado.
Onpeco considera que, de no producirse una intervención oficial, los consumidores estaríamos pagando un precio muy alto por una libra de azúcar, que podría alcanzar hasta los 50 pesos, dado que ha subido en un cien por ciento aproximadamente, en los últimos 10 años.
El aumento en el precio del azúcar es un factor inflacionario, debido a la cadena de productos que se elaboran con este dulce, los cuales tienen costos elevados, incluyendo los insumos de las pequeñas, medianas y microempresas, que deberán trasladar dichos costos a los consumidores.
Para los pequeños negocios, el incremento representa un duro golpe, ya que cuentan con clientes de bajos recursos, a quienes deberán trasladar parte del costo del azúcar como materia prima. Esto es especialmente relevante en el caso de las pequeñas fábricas de dulces, helados y refrescos, que son demandados debido a la ola de calor que estamos experimentando.
“Entendemos que las autoridades poseen los mecanismos para determinar si existe o no acaparamiento del azúcar y así poder aplicar las normativas referentes a la especulación, que en definitiva es un delito penal”.