Será el lunes cuando se conocerá coerción a los “Gavilanes” que a cambio de sobornos borraban antecedentes penales

República Dominicana.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de medidas de coerción a 12 implicados en una red compuesta por fiscales, empleados administrativos de la Procuraduría General y policías, que supuestamente se dedicaba a borrar antecedentes penales, inclusive a condenados a pena máxima.

Aunque el Ministerio Público llegó preparado para el conocimiento de medidas de coerción, con un expediente de 339 páginas y cientos de pruebas, los abogados de vinculados a la red, desarticulada a través de la operación Gavilán, pidieron tiempo al tribunal para conocer el expediente y tener una acercamiento con sus clientes.

La audiencia fue aplazada para el lunes 7 a las 9:am, por el juez Rigoberto Sena, quien este viernes, por razones de espacio, movió la audiencia al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.

Los implicados en la red que reveló el Ministerio Público con la puesta en marcha de la operación Gavilán, son Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría General; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva.

Además de siete fiscales que van a un proceso disciplinario del Consejo Superior del Ministerio Público, en las operaciones delictivas también participaban los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el policía Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Se les acusa de integrar una red dedicada a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos crímenes a cambio de sobornos, que de acuerdo a las investigaciones que se han hecho llegó a afectar al menos 8,000 registros.