Se destapan conflictos con proyectos para el desarrollo energético en zona de Manzanillo

SANTO DOMINGO, RD.- El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo extendió a empresas con proyecto energéticos en la zona de Manzanillo los incentivos que estipula la Ley 12-21, sobre Desarrollo Fronterizo, lo que ha generado conflictos que podrían dar al traste con los proyectos del gobierno para el desarrollo de esa zona de la línea noroeste.

La decisión ha sido objetada en razón de que la Ley General de Electricidad tiene como una de sus bases la promoción de una competencia equitativa en el sector de generación eléctrica, por lo cual otorgar exenciones fiscales, que no estaban contempladas en las bases de la licitación, va en contra del principio de transparencia.

Fuentes cercanas a la situación, que han pedido no ser identificadas, han mencionado que existen intereses políticos y económicos detrás de estas decisiones. Si bien esto no ha sido confirmado, la percepción de favoritismo y corrupción puede dañar la imagen del país a nivel internacional, afectando potenciales inversiones futuras.

Diversos actores del sector, incluyendo otras empresas de generación, asociaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, favorecen una revisión inmediata de la decisión y han solicitado la intervención de entidades independientes y transparentes para llevar a cabo una auditoría que esclarezca la situación.

sta decisión ha causado gran alarma, dado que dichas exenciones podrían otorgarles una ventaja competitiva no equitativa frente a otras empresas generadoras establecidas en el país, con miles de millones invertidos, sin los privilegios de la citada legislación.

Manzanillo. Grandes empresas, en las cuales participan como accionistas individuos de connotados apellidos, han asumido un riesgo legal que podría terminar en un escándalo a causa de la instauración de una competencia injusta, ignorando las disposiciones de al menos dos marcos legales.

Manzanillo Power & Gas y Manzanillo Energy, dos compañías eléctricas que instalarán cerca de 800 megavatios en esta bahía, con una inversión superior a los US$1,700 millones, se han acogido de manera irregular -y con la permisividad de las autoridades- a los incentivos que estipula la Ley 12-21, sobre Desarrollo Fronterizo.

Hace alrededor de dos años el Gobierno presentó una licitación internacional para la construcción de dos plantas energéticas aquí, sobre la base de las estipulaciones de la Ley General de Electricidad. Las ganadoras fueron Manzanillo Power & Gas y Manzanillo Energy.