Más de una semana ha transcurrido, desde que una explosión trastornara la cotidianidad de San Cristóbal, dejando 32 personas muertas y más de 50 heridos. Sin embargo, las autoridades no dan pistas sobre el motivo del siniestro que ha conmovido hasta al más insencible de los mortales.
Las especulaciones en torno a la causa de la catástrofe, serán proporcionales a la tardanza de las respuestas por parte de las autoridades.
Si no hay respuestas, la población, responderá a sus propias interrogantes, aunque esto conlleve a las más conspiranoicas teorías.
A demás de determinar y enjuiciar a las empresas y propietarios responsables de la tragedia, es necesario establecer cuál de las instituciones públicas encargadas de regular la operación de esas entidades actuó con negligencia.
Si no se toman medidas, que sirvan de precedentes para mejorar los niveles de seguridad en las empresas, de poco habrán valido los esfuerzos del presidente Luis Abinader, que angustiado ante lo ocurrido, suspendió su agenda de ese momento y ordenó al J2 del Ministerio de Defensa, participar en la investigación, que concluyó el viernes pasado.
Las autoridades están en deuda, no solo con los familiares de los muertos, muchos de los cuales no tienen aún un cadáver para llorar, velar y enterrar, sino con las víctimas de tragedias similares y un país habidos de justicia.
Cuántos inocentes más deben morir, para que se apliquen medidas preventivas y correctivas ante la violación de las normas que garantizan la integridad física de los servidores de muchas empresas, que sólo se interesan por los resultados económicos que sus empleados puedan generarles?
Que no se repita la historia.