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REPÚBLICA DOMINICANA.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva a 10 de los 25 implicados en la Operación Discovery 2.0, acusados de estafas transnacionales y múltiples delitos cibernéticos.
El juez de José Rafael D’ Asís también dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y distintos tipos de garantías económicas contra los 15 imputados restantes.
D’ Asís ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva durante 12 meses contra Juan Rafael Parra Arias, Ramón Esterling Polanco Leclerc (CCR-Rafey); Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy William Urtarte (CCR-Vista al Valle), Leslie Agnes Succart González (CCR-Rafey Mujeres), Deuris Antonio Franco de la Cruz, Miguel Ángel Camilo Pérez (CCR-El Pinito); Hayler Andrés Olivarez Núñez, y Erick Ángel Peña Núñez (CCR-La Isleta).
En tanto que contra Arlin Josefina Rosa Rosario, se impuso el arresto domiciliario (basado en una solicitud del Ministerio Público, por una condición de salud certificada), además, el pago de una garantía económica, prohibición a salir del país y presentación periódica el último viernes de cada mes.
El juzgador también impuso el pago de sendas garantías económicas, prohibición a salir del país y presentación periódica en contra de los procesados: Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Francheska Antigua Pérez, Mérido Antonio Guzmán Castro, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Luis Manuel Martínez, Amaury Joel Mesón, Waskar Canot Guzmán y/o Alexander Guzmán García, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Miguel Ángel Vásquez (Disla).
Las citadas medidas también incluyen a Yenny Carolina Corniel Henríquez y Juana Yadirys Ventura Mesón.
El tribunal, que ha otorgado al Ministerio Público un tiempo de ocho meses para presentar acto conclusivo y al ponderar en toda su extensión la medida, declaró el proceso de tramitación compleja.
El fiscal del Ministerio Público, Warlyn Alberto Tavárez, resaltó el blindaje que recubre la investigación, probando, las imputaciones que, de manera provisional, ha indilgado a cada uno de los procesados. Dijo también que prueba de la fortaleza de la investigación es la admisión de cargos que han hecho varios de los imputados.
El representante de la Fiscalía subrayó también que estos imputados utilizaban todo tipo de maniobras engañosas para despojar de los recursos económicos a las víctimas.
La estructura criminal que cometió numerosos delitos electrónicos, incluyendo la estafa, intimidación y usurpación de identidad fue desarticulada tras más de un año de investigación, análisis de evidencias, vigilancia e inteligencia, en medio de una operación del Ministerio Público que integró, además, a la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
Además de la afectación económica sufrida por las cientos de personas envejecientes estafadas en los Estados Unidos, defraudadas con millones de dólares fruto de las estafas, los delitos cometidos por los integrantes de esta estructura constituyen un agravio a la imagen de República Dominicana, lo que a su vez lacera el turismo, una de las actividades principales en las que se sustenta la economía nacional; afecta las relaciones de la nación con otros países, y supone un punto de quiebre para el futuro y la estabilidad de las familias que se les despoja de sus recursos.
El órgano persecutor establece que uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el proceso, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación.
La Fiscalía desarrolló esta investigación en contra de estos ciberdelincuentes que eran propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers” clandestinos, que fueron allanados, secuestrando evidencias contundentes de los delitos imputados.
La Operación Discovery 2.0 se desarrolló con un equipo de oficiales e investigadores multidisciplinarios que incluyó a más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que se empleó en la coordinación operativa.
