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  • Por: Félix Montán
  • martes 26 septiembre, 2023

Coalición de organizaciones religiosas y sociales someten recurso en contra de disposición a favor de LGTBQI.

Una coalición de organizaciones, sociales y religiosas sometió un recurso de reconsideración en contra de la disposición de la Procuraduría de la República  para que los miembros de la comunidad LGBTQI se le trate como ellos deseen.

Los protestantes en contra de la disposición del Ministerio Público la califican de violatoria de la constitución que estipula que el país sólo hay hombre y mujer.

Dicen que reconocer a los LGTB QI es  una franca violación a los derechos de la familia Dominicana.

Manifiestan  que durante años han trabajado por la aprobación de marcos legales que respeten la Constitución y protejan la familia dominicana, depositaron formal objeción en contra el Instructivo No.0000002 de fecha primero de septiembre del 2023, publicada por la Procuraduría General de la República Dominicana, por ser inconstitucional, violatorio del debido proceso judicatura y atentar contra la familia constitucional. 

Los representantes de movimientos y fundaciones, como Somos la Resistencia, Fomudevi, Funejid, RD Inclusiva, Alianza Vitae, la Fundación Mujer Pro-Solidaridad, así como Abogados por la Vida, demandaron que la titular del Ministerio Público, la Magistrada Miriam German Brito, derogue el citado instructivo que ordena a los agentes del orden respetar la orientación sexual como derecho. Por igual denunciaron que la Magistrada Germán Brito impone la aceptación de la orientación sexual al obligar a los agentes a dirigirse a las personas según el sexo con que se perciban cuando sean detenidos.

La coalición de sociedad civil, depositaron una objeción formal contra el Instructivo No.0000002, argumentando que se infringen los derechos constitucionales sobre la igualdad, dignidad de la persona, tutela judicial y la conformación de la familia constitucional. De manera especial resaltaron que la Constitución prohíbe determinantemente incentivar situaciones de privilegio, lo cual se confirma con el trato especial que el referido Instructivo impone a los agentes del orden. Por igual argumentaron que con la norma propuesta se viola el derecho a la tutela judicial y el debido proceso, ya que la Constitución sólo reconoce como sujetos de derecho al hombre y la mujer. 

Asimismo, denunciaron que el reconocer la orientación sexual de la población LGBT constituye un grave atentando contra la familia dominicana, cuya conformación es establecida en la Carta Magna y sobre la cual solo se reconoce al hombre y la mujer. Argumentaron que de acuerdo a la Constitución Dominicana no existen otros géneros o sexos que no sean el masculino y el femenino y por consiguiente todos los organismos de poder del país deben acatar dicho mandato.

Criticaron que por décadas, reconocer la orientación sexual como derecho, ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional y el pueblo dominicano, siendo el Código Penal el instrumento legal donde dicho rechazo ha sido ejemplificado en los últimos años. Por igual, rechazaron toda imposición de la Agenda LGBT y la Agenda 2030 en el país y las instituciones públicas. Afirmaron que la imposición de la PGR y la Magistrada Miriam German, responde a estas agendas que no han sido aprobadas por ningún dominicano.

Recordaron que la comunidad LGBT mantiene una presión apoyada por el Poder Ejecutivo y organismos internacionales como la ONU, OEA y PNUD, para imponer la ideología de género de manera obligatoria en las leyes dominicanas. Afirmaron que siempre han trabajado por la aprobación de marcos legales para la lucha contra la criminalidad, la violencia ciudadana y el respeto a los derechos constitucionales, dentro del marco constitucional.

Los representantes del movimiento Somos la Resistencia, Abogados por la Vida, Alianza Vitae,  Funejid, RD Inclusiva, la fundación Mujer Pro-Solidaridad y  todos los firmantes,  advirtieron a la Magistrada Miriam German Brito, que de no derogar el Instructivo recurrirán al Tribunal Constitucional, para proteger la dignidad de los dominicanos, la tutela judicial, el debido proceso y la integridad de la familia dominicana. Afirmaron que cuentan con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano.

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