República Dominicana.-El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, actuando a solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de San Cristóbal, emitió sentencias ejemplares que imponen condenas por un total de 110 años de prisión y multas por más de RD$16 millones a 16 acusados relacionados con el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes. Esta red fue desmantelada en la "Operación Corona".
Las juezas Biulkys Milanés Balbuena (presidenta), Rosa Edalia Mateo Álvarez y Ana Inés Susana Quezada tomaron las siguientes decisiones:
Además de las penas de prisión, el grupo enfrenta multas con un monto total de RD$16,400,000.00 a favor del Estado dominicano.
Se recuerda que esta red criminal estaba involucrada en el tráfico de más de 700 kilogramos de diversas drogas, así como en el porte ilegal de armas de fuego. La "Operación Corona" logró desmantelar esta organización trasnacional compuesta por dominicanos, colombianos y peruanos que se dedicaban al tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes.
El tribunal también ordenó el decomiso de vehículos de alta gama, inmuebles, armas de fuego, cápsulas, indumentaria militar, aparatos electrónicos y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares, de acuerdo con las autorizaciones judiciales.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, subrayó que estas condenas envían un mensaje claro sobre la desarticulación de redes criminales dedicadas al blanqueo de capitales derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico. El órgano especializado continuará trabajando en casos de esta envergadura.
Los fiscales litigantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fueron Luis García, Pedro Medina Quezada, Manuel Santiago Castro y Hitler Stalin Sánchez Mateo, mientras que Daryl Montes de Oca representó a la Fiscalía de San Cristóbal.
Estas investigaciones también condujeron al caso conocido como "Operación Larva", que se encuentra en etapa intermedia, y que ha llevado al desmantelamiento de una red compuesta por 13 personas físicas y 13 personas jurídicas dedicadas al blanqueo de capitales relacionados con actividades ilícitas.
Los procesados fueron hallados culpables de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley de Armas 631-16 y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.