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  • Por: La Redacción
  • jueves 02 noviembre, 2023

Francisco Javier exhorta al PJ detener criminalización de la política; considera este viernes debe ponerse en libertad a los exministros Peralta y Gonzalo Castillo

García dijo que el Ministerio Público puede acusar a todas las personas que, entienda, hayan violado la ley penal y hasta pedir prisión preventiva, “pero corresponde a los jueces el logro del equilibrio social conforme establecen la Constitución y las leyes”.

República Dominicana.-“El Poder Judicial debe estar atento ante la amenaza para la democracia dominicana de la criminalización de la política que se verifica actualmente en el país”, alertó Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

García Fernández dijo que “hay que poner freno a esa situación, porque con ello se viola el precepto constitucional que establece que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho fundamentado en la dignidad de las personas”.

En ese contexto, el dirigente político consideró que este viernes deberían poner en libertad al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en virtud de que no ofrece un peligro de fuga para sustraerse del proceso que se le sigue en la justicia.

De igual manera –agregó- “al compañero Gonzalo Castillo se le debe variar la prisión domiciliaria que pesa en su contra y que le impide desarrollar con normalidad sus actividades empresariales, políticas y sociales”.

“Estamos ante casos de criminalización de la política, lo cual se constituye en una amenaza para la democracia, dentro de la cual los partidos políticos desempeñan un rol esencial”, expresó.

García dijo que el Ministerio Público puede acusar a todas las personas que, entienda, hayan violado la ley penal y hasta pedir prisión preventiva, “pero corresponde a los jueces el logro del equilibrio social conforme establecen la Constitución y las leyes”.

Observó que no se trata de defender la impunidad, sino que se respete el debido proceso y las garantías constituciones de las personas que imputadas de algún crimen o delito.

Señaló que en el caso de Peralta Fernández lleva más de 200 días en prisión preventiva como medida de coerción sin que un juez le haya conocido la revisión obligatoria.

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