Conoce a los “colibríes” que, a través de la falsificación de cédulas, actas de nacimiento, licencias y otros documentos vulneraron el Registro Civil

República Dominicana-A través de la Operación Colibrí, el Ministerio Público, con la colaboración de la Policía Nacional y la Junta Central Electoral (JEC) desarticuló una red dedicada a las actividades fraudulentas y cuyos imputados están vinculados a la falsificación de documentos como cedulas, actas de nacimiento, licencia, títulos de propiedad, entre otros, amenazando la seguridad jurídica, lacerando la confianza institucional y vulnerando el sistema del Registro Civil del país.

Los acusados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, empleado de la Junta Central Electoral, contra quienes el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva, como medidas de coerción y la declaratoria de complejidad del caso.  

Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, diplomas de bachiller, actas de matrimonio, de defunción y de bautizo, entre otros documentos públicos.

La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolla con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo que está entre los sometidos a medida de coerción.

En la instancia de medida de coerción el Ministerio Público establece que estas actividades fraudulentas afectaron a ciudadanos de República Dominicana que han visto afectada su identidad, un derecho constitucional, así también la Junta Central Electoral, mediante la afectación de la fe pública de los documentos emitidos por el Estado dominicano, que garantizan la identidad y la certeza del registro de los actos que realizan las personas durante su vida civil.

Entre las imputaciones que le hace el Ministerio Público está la suplantación de identidad depersonas dominicanasfallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas.

Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.

Tenían en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas institucionescomo el Poder Judicial el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.

También, apostillaban documentos, luego de adulterados, para que se pudieran utilizar en el extranjero.

La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.

Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.