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  • Por: Jessica Hernández
  • lunes 11 diciembre, 2023

Hubieres denuncia supuesta estafa de más de 2,500 millones en el programa Transporte Escolar y solicita investigación a la PGR

Hubieres alega que la operatividad del servicio presenta múltiples elementos de ilegalidad, violando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la Ley 63-17 del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, presentó este lunes una querella en la Procuraduría General de la República (PGR), para solicitar una investigación sobre la inversión de más de 2,500 millones de pesos en el programa de Transporte Escolar (Trae).

Hubieres alega que la operatividad del servicio presenta múltiples elementos de ilegalidad, violando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la Ley 63-17 del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Durante el depósito de la denuncia, Hubieres explicó que en agosto de este año, el Ministerio de Educación abrió una licitación para la contratación de servicios de transporte escolar, a pesar de que el país no se encontraba en Estado de Emergencia, lo cual considera una ilegalidad.

Además, señaló que más del 90% de los autobuses utilizados no cumplen con los requisitos de la Ley 68-17 del Intrant, y muchas de las empresas beneficiadas en la licitación no tienen experiencia previa en el transporte en el país.

La querella está dirigida contra el ministro de Educación, Ángel Hernández, y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, a quienes Hubieres acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa, robo al Estado, entre otros cargos, relacionados con la supuesta estafa al Estado en el programa de transporte escolar.

En la instancia presentada, Hubieres solicita a la procuradora, Miriam Germán, la designación de fiscales investigadores, peritos y técnicos para llevar a cabo una investigación a fondo de los hechos denunciados.

Asimismo, llamó a la Procuraduría a examinar todas las denuncias realizadas por Ramón Báez Figueroa, exdueño del extinto banco Baninter, especialmente en lo referente a la participación del Estado en Coastal Petroleum Dominicana.

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