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Quito (Agencia EFE).- Ecuador va retomando poco a poco la normalidad en medio de la situación de «conflicto armado interno» declarado la semana pasada por el presidente Daniel Noboa, a raíz de una cadena de motines con toma de rehenes en siete cárceles del país y la violenta ocupación de un canal de televisión por un comando armado que finalmente fue desarticulado.
Las calles de Quito, la capital, han empezado a recuperar el tráfico, aunque parcialmente, ya que algunas oficinas y organismos públicos mantienen el teletrabajo, en tanto que el Ministerio de Educación ha dispuesto que se impartan las clases en modalidad virtual hasta el próximo miércoles.
Los comercios han abierto sus puertas y los vendedores ambulantes de comida han vuelto a despachar en las esquinas a los apresurados transeúntes.
El parque La Carolina, uno de los más emblemáticos y concurridos de la zona comercial de Quito, amaneció esta mañana con varias personas haciendo deporte en un paisaje urbano que se mezclaba con quienes se dirigían a sus centros de trabajo.
En la jornada del domingo, los niños se distraían en los juegos infantiles o paseaban en bicicleta, los adultos paseaban o trotaban y los ciclistas recorrían las calles colindantes, a pesar de que las autoridades municipales suspendieron el tradicional ciclopaseo de los domingos, que obligaba al cierre de varias vías.
Los bancos, servicios médicos, restaurantes, transporte de autobuses y taxis funcionan con normalidad, así como también la llamada ‘zona azul’ correspondiente al sector donde se permite, bajo tarifa, el estacionamiento de vehículos. Todo ello hace que Quito no luzca como una ciudad militarizada.
La semana pasada había temor de dejar los vehículos en las calles luego de que circularon imágenes de un sujeto cuando rompía el vidrio de un vehículo y lanzaba líquido inflamable en su interior antes de prenderle fuego.
Los aeropuertos también mantienen sus operaciones normales, pero han reforzado las medidas de seguridad, mientras que la Policía se mantiene atenta a los llamados ciudadanos dando cuenta de objetos abandonados en zonas públicas, ante el temor de que pueda tratarse de artefactos explosivos.
El eje de los noticieros locales este lunes ya no fue el estallido de coches bomba, explosiones en puentes peatonales, disturbios y rehenes en la cárceles, ni secuestros de policías, pero sí reportaron hechos de violencia ocurridos en las últimas horas, como el asesinato a dos personas en un billar de Quito.
El fin de semana se liberó a más de 150 rehenes que permanecían retenidos por los presos en diferentes cárceles, y el Gobierno aseguró que sofocó los disturbios en siete centros de reclusión.
La relativa calma que vive la capital ecuatoriana contrasta con la tensión que se mantiene en zonas, como la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, epicentro de la crisis de violencia que afecta a Ecuador.
Los militares y policías mantienen la vigilancia, en especial en las zonas más conflictivas, donde el comercio opera a medio gas y el ambiente se mantiene tenso.
Las Fuerzas Armadas han detenido a más de 1.300 personas, 143 de ellas bajo cargos de terrorismo, en los últimos días tras la aplicación de un estado de excepción declarado por el Gobierno, con el que intenta superar la ola de violencia que desataron bandas de delincuentes en las cárceles y las calles del país.
El más reciente balance difundido el domingo por el llamado Eje de Seguridad -integrado por mandos militares, de la Policía y del Gobierno-, da cuenta de que desde el pasado martes, día en que se produjo el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, las fuerzas de seguridad han efectuado un total de 12.974 operaciones a escala nacional.
Estos operativos se llevaron a cabo en cumplimiento de la aplicación del estado de excepción y el toque de queda nocturno decretados por el presidente Noboa el pasado día 8 por un periodo de sesenta días para atajar la espiral de violencia.
En ese último decreto, el Gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado y los ubicó «como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes».
Según expertos, catalogar a estos grupos como beligerantes abre una puerta legal para que las Fuerzas Armadas, junto con la Policía, actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
