Ecologistas denuncian fraude millonario por apropiación de terrenos en áreas protegidas

SANTO DOMINGO.– La Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas ha emitido una seria advertencia sobre posibles fraudes millonarios al Estado dominicano mediante reclamos de indemnizaciones en el 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

El foco de atención recae en la razón social "DC International SRL" y su representante Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, quienes han presentado demandas en justiprecio buscando compensaciones por terrenos que, según la Coalición, legítimamente pertenecen al Estado.

Cabe destacar que Dante Castillo, bajo esta razón social, ya intentó un estafar al Estado hace aproximadamente 10 años y ahora retoma su cometido, sin haber sido penalizado debidamente.

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Ante este ilícito, la Coalición ha decidido recurrir en tercería ante el Tribunal Superior Administrativo para impedir que el Estado dominicano sea estafado por cifras escandalosas de dinero, que podrían poner en riesgo una parte sustancial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Los miembros de la Coalición expresan su preocupación ante la emisión de al menos dos sentencias a favor de los demandantes por parte del Tribunal Superior Administrativo, resaltando la necesidad de una investigación profunda por parte de las autoridades.

Solicitan que, de encontrarse indicios irregulares, se proceda penalmente contra los responsables de este presunto esquema mafioso.

Esta acción legal busca instar a la Procuraduría a perseguir y desmantelar esta presunta mafia que estaría cometiendo un delito contra el Estado mediante intentos de fraude.

La Coalición enfatiza la importancia de la Jurisdicción Inmobiliaria para detener las violaciones a los bloqueos registrales, garantizando la integridad de las áreas declaradas inalienables e intransferibles.

Este caso resalta la necesidad de fortalecer los controles y regulaciones para prevenir fraudes en reclamos de terrenos en áreas protegidas, subrayando la importancia de proteger el patrimonio natural y asegurar la integridad del sistema legal en la República Dominicana.