Defensa exministro José Ramón Peralta pide nulidad investigación en su contra y acusar al MP de deslealtad procesal

República Dominicana.-El equipo legal del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, solicitó a la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, declarar la nulidad de la investigación preparatoria y acusar al Ministerio Público de deslealtad procesal.

La petición fue hecha por los abogados Emery Rodríguez, Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Chanel Liranzo, mediante una instancia depositada a través de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.  

La petición solicita declarar el abuso y deslealtad procesal del Ministerio Público en la investigación promovida en contra de José Ramón Peralta por abusar de las facultades que la norma le reconoce.

Indican los abogados que los fiscales investigadores utilizaron la declaración de Bolívar Ventura como prueba de en la solicitud de medida de coerción para la imposición de prisión preventiva, a sabiendas de que existía una declaración anterior que narraba hechos distintos.

Acusan al Ministerio Público de manipulación de los hechos declarados por Bolívar Ventura en el interrogatorio del 9 de diciembre del 2021 y de no haber entregado a José Ramón Peralta, los elementos recogidos durante la investigación y de haber dilatado intencionalmente su entrega aún después de orden judicial que lo dispuso.

También acusan a los fiscales de haber ocultado evidencias recogidas durante la investigación relacionados con los actos de deslealtad procesal.

Caso Calamar

José Ramón Peralta, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro Administrativo de la Presidencia, permaneció 18 meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo, hasta que le fue variada la medida de coerción impuesta por su presunta vinculación a una red evidenciada con la puesta en marcha de la operación Calamar y, que de acuerdo al Ministerio Público sustrajo más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.