Torres Robiou seguirá en arresto domiciliario; niegan libertad al exdirector del Cestur

Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha ratificado el arresto domiciliario para el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el general Juan Carlos Torres Robiou.

Este lunes, los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitaron mantener esta medida de coerción junto con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.

Esta solicitud fue acogida por los jueces Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y July Tamariz, quienes desestimaron un recurso de apelación presentado por el acusado a la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Según los jueces, no han surgido nuevas circunstancias que justifiquen cambiar la medida de coerción.

El fiscal Jonathan Pérez destacó que la decisión del tribunal fue coherente con las resoluciones previas y consideró que fue una buena decisión por parte de la Corte de Apelación.

Torres Robiou es acusado de formar parte de un entramado corrupto militar que operaba en diversas instituciones estatales y que fue desmantelado en el 2021 bajo la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral.

Además de Torres Robiou, otros implicados en este proceso judicial son Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, quienes también están sujetos a las mismas medidas de coerción.

El acusado cumple arresto domiciliario desde mayo del 2023, cuando la jueza Yanibet Rivas varió la medida de prisión preventiva que inicialmente le fue impuesta para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En total, son 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas) procesadas por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos en este caso de corrupción.