Ministerio Público acusa a Rafael Calderón de usar prestanombres para cobrar expropiaciones, en caso Calamar

SANTO DOMINGO.-El expediente acusatorio del Ministerio Público acusa al exsenador de Azua y candidato a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Calderón, de utilizar varios prestanombres para captar cuantiosos recursos de expropiaciones del Estado y usarlos en la campaña del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.

Según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el acusado Edwin Oscar Brito Martínez, confeccionó y adulteró documentos, al propio tiempo hizo uso de documentos falsos, para así facilitar la obtención del pago a través de las ya conocidas cesiones de crédito ficticias en las cuales figuraba como beneficiario.

Indica el documento que una vez recibidos los fondos estos entraban dentro del esquema de repartición acordado, una parte para el exsenador Rafael Calderón Martínez y la otra para el exministro de Hacienda Donald Guerrero, cuyo destino final era el financiamiento de la campaña política de Gonzalo Castillo.

El acusado sirvió de prestanombre a Rafael Calderón Martínez, para recibir los pagos de soborno provenientes de las cesiones crédito firmadas como maniobra fraudulenta para el cobro de los porcentajes de sumas pagadas por el Estado por las expropiaciones de terrenos, para lo cual utilizó también a su esposa Mabel Sahina Mejía Citrón.

El expediente señala que el aspirante a volver al Senado representando Azua recibía decenas de millones de pesos en su residencia en el sector Ensanche Julieta, del Distrito Nacional, con miras a financiar la campaña de Castillo, que a final de cuentas, no consiguió el cometido, ya que perdió en los comicios de julio del 2020 del actual presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) calificó a Calamar, el entramado encabezado por los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, como la operación de lavado más grande cometida en el menor tiempo posible en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.

En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.