Queremos libertad! Colombianas rescatadas en centros de prostitución en Santiago denuncian desde Los Ríos que no les dan comida y la embajada de su país “no tiene nada de nosotras”

República Dominicana.-Las 20 mujeres de nacionalidad colombiana, que la pasada semana fueron rescatadas por el Ministerio Público, de centros supuestamente dedicados a la prostitución, en Santiago, se quejan de que las tienen encerradas y que “tenemos hambre”.

Además, desde una casa en el sector Los Ríos, en Santo Domingo, las mujeres denuncian también que la embajada de su país no tiene nada de ellas, a partir de lo dicho por sus parientes, que acudieron a la sede en busca de ayuda.

“Nuestros familiares fueron a la embajada de Colombia y la embajada de Colombia no tiene nada de nosotras. No nos dan comida, estamos encerradas aquí. Quiero salir de esta casa. Tenemos hambre; no podemos más”.

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Las extranjeras fueron rescatadas durante operativos, de acuerdo al fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, realizados de manera simultánea en el sector Los Rieles de Gurabo, donde también fue desmantelada la supuesta red que se dedicaba a la trata de personas y proxenetismo, con fines de explotación sexual.

Operación Flor de Loto

El pasado sábado, el Ministerio Público depositó la instancia de solicitud de medidas de coerción en contra de los cabecillas de la estructura que reclutó a mujeres para explotarlas sexualmente, en la puesta en marcha de la Operación Flor de Loto, con la cual rescató a 45 víctimas colombianas y venezolanas, en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de la provincia Santiago.

Con la ejecución de unos 15 allanamientos las autoridades pudieron constatar que se trata de una bien estructurada organización del crimen, integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.

Las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres, arrestados durante la operación, tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.

Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.

El órgano investigador, que solicita se imponga la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.