El Estado dominicano garantiza el reconocimiento de la dignidad humana de acuerdo con lo que consagra el artículo 38 de la Constitución, el cual dispone que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. Plantea, además que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Es entendible que este texto constitucional reconoce como valor supremo la dignidad de la persona; pero a la vez nos interpela e invita como ciudadanía a que ese derecho fundamental se lleve de la teoría a la práctica; que se sitúe realmente en el centro del compromiso por el bien común, es decir que constituya el fundamento último de toda acción humanizadora; dado el hecho de que nos enfrentamos como sociedad a una amplia gama de situaciones que desafían el valor innato de cada individuo.
No hace falta ir muy lejos de nuestra realidad para ver personas sufrir por vivir situaciones poco dignas e inhumanas. Observar cómo el drama de la pobreza y la desigualdad social continúa siendo uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantas vidas. Percibir tristemente que en nuestras calles viven muchos seres humanos cubiertos por la indigencia y la indiferencia.
Lamentablemente no hay que llegar muy lejos para advertir como crece las adicciones a las drogas convirtiendo a muchos en seres zombies, y que sorprendentemente en vez de intensificar la aplicación efectiva de políticas de prevención y atención con respecto a ese flagelo, se ejercen acciones cada vez más opacas y débiles. Además, ver como se normaliza pasmosamente la cultura de la violencia; como el tráfico de armas, drogas y la trata de personas adquiere hoy dimensiones funestas.
Tampoco podemos obviar el lado sombrío del progreso tecnológico, en el cual mentes aviesas están generando un ambiente digital oscuro de explotación, exclusión, mensajes falsos y denigrantes, la difusión de la pornografía, calumnias, ciberacoso y una dependencia espantosa a la soledad y de progresiva pérdida de contacto con la realidad, aspecto este, que dificulta el desarrollo de auténticas relaciones interpersonales.
Asímismo, no debemos remontarnos más allá, para apreciar como intereses egoístas y corruptos promueven una visión reduccionista de la persona conduciéndonos a una degradación social. Se olvidan estos que sus actitudes egocéntricas, su dignidad se pierde al cometer actos indignos por viles y crueles. Igualmente, como la inexistencia de recursos económicos combinada con enfermedades sin el debido acceso a servicios sanitarios está propiciando que una parte de la población la esté pasando muy mal.
De igual manera, no hay que cruzar grandes distancias, para considerar como avanza peligrosamente la cultura del descarte en la sociedad de hoy, la cual se está tragando a la persona por el solo hecho de envejecer; la mirada que quiere primar sobre el anciano es considerarlo como una carga molesta y que por su sola condición se intenta devaluar la dignidad que entraña.
Visto todo lo anterior, se hace elemental comprender desde la planicie de la conciencia, que la falta de respeto a la dignidad humana como base fundamental, de un Estado Social y Democrático de Derecho, es generadora de gravosas situaciones de deshumanas y de grandes grietas, sociales, culturales y económicas; que podrían tener respuestas convincentes si asumimos que ¨el reconocimiento constitucional de la dignidad del ser humano equivale al acatamiento de su derecho a tener derechos y poder garantizarlo sin retórica ninguna¨.
Firmemos juntos un pacto – compromiso que coadyuve a la realización concreta y efectiva de la dignidad humana. Que como Estado no sólo fijemos atención en protegerla, sino también en garantizar las condiciones necesarias para que florezca la promoción integral de la persona humana; y así dar auténtica cabida a la edificación de un mundo más equitativo, más justo, más pacífico, más compasivo y saludable.
ANGEL GOMERA
Abogado
Santo Domingo de Guzmán