El Ministerio Público dice tener 245 elementos de pruebas en caso Camaleón; pide 18 meses de prisión preventiva para todos los involucrados

República Dominicana-El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este martes 8, el conocimiento de medidas de coerción a los involucrados en la alegada red mafiosa desarticulada a través de la Operación Camaleón y que tiene como principales imputados al director del INTRANT, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.

Con 245 medios de pruebas el Ministerio Público pretende lograr la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, en contra de los acusados de estafar al Estado Dominicano mediante un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, firmado entre el INTRANT y Transcore Latam, así como otro de seguridad nacional rubricado por el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho no descartó la inclusión de otros imputados e incitaciones en este caso.

Para los abogados de los acusados las pruebas de las que habla el Ministerio Público no son más que papeles vacíos que quedarán descartados próximamente, asegurando que el discurso de los casos blindados es como una postalita pasada.

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, están vinculados al caso Camaleón, Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas. Así como una tercera empresa llamada INPROSOL, a la que supuestamente eran transferidos los fondos que de manera fraudulenta adquiría Transcore Latam.

Al grupo se le acusa de corrupción y crimen organizado, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.