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República Dominicana-Sobrada razón tenía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, cuando en su discurso de rendición de cuentas a propósito del Día del Poder Judicial, en enero del 2020, describía la mora judicial como un mal que se había vuelto “una enfermedad crónica” que amenazaba el sentido de la administración de justicia.
Y es que, a su llegada a ese tribunal supremo en el año 2019, Molina encontró un total de 18 mil 357 recursos en mora o retraso en el cumplimiento de los plazos judiciales, que esperaban resolución, algunos desde el pasado siglo. De acuerdo a lo informado por el propio magistrado, 9 mil 187 de esos archivos estaban incompletos y 9 mil 170 estaban completos, solo a espera de decisión.
En uno de sus más recientes discursos, Luis Henry Molina citó el desgarrador caso de un pescador que demandó en responsabilidad civil a un dentista por una mala práctica médica y que, el 10 de junio de 2009, veinte años después, al dictarse una sentencia a su favor, ya Fabio Guzmán Ariza, su abogado, le había perdido el rastro.
Un ejemplo más reciente de las consecuencias que genera la mora judicial, es la declaración de extinción de la acción penal contra el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y otros acusados en el caso de sobornos por la compra de ocho aviones Súper Tucano que suplió al Estado la empresa brasileña Embraer, debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, establecido en los artículos 44 y 148 del Código Procesal Penal. Lo mismo ocurrió con el proceso judicial en contra de los involucrados en la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
Con anterioridad a estos casos, específicamente en noviembre del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, puso en marcha un calendario de trabajo para acelerar el despacho de los miles de casos pendientes de atención, siendo aprobado el Plan de Erradicación de la Mora Judicial de la Suprema Corte de Justicia, implementado a partir del 2021, con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios para la eliminación de ese mal.
El plan establece el monitoreo a los jueces de las distintas salas, y para esto se instaló al sistema tecnológico, una herramienta que facilita observar los avances en las labores judiciales, los indicadores de rendimiento y la medición al día, lo que permite actualizar los datos cada año.
De acuerdo a datos publicados en el Portal de Transparencia del Poder Judicial, para el 2022, ya había sido resuelto el 100 por ciento de los expedientes pendientes de audiencia y fallo, apoderados antes del 2019 por la Segunda Sala, Tercera Sala, Pleno y Salas Reunidas.
Mientras que, la Primera Sala, que reportaba la mayor tasa de mora por ser la de mayor volumen de trabajo, dejó resuelto el 73 por ciento de los expedientes.
A 4 años de la implementación del Plan Anti Mora Judicial, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, de acuerdo a lo expresado en su discurso del 7 de enero pasado, en ocasión del Día del Poder Judicial, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dejando claro que la meta de este alto tribunal es no tener casos pendientes de más de seis meses, y que esos logros hay que sostenerlos en el tiempo.
“Este ejemplo de planificación y ejecución ha perfilado una disciplina jurisdiccional y una eficiencia que ya se está extendiendo a los demás tribunales del país”, expresó Luis Henry Molina.
Los avances en la lucha por la erradicación de la mora judicial los reconoce el presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Alexis Read Ortiz, quien señala que se han dejado atrás 39 años de mora judicial.
El magistrado expresó que la Sala estableció implementó mecanismos de control interno para detectar los expedientes que se encontraban en mora judicial y que una metodología clave que se ha implementado, es la de fallar los expedientes por orden de entrada, estrategia que asegura ha sido fundamental para darle salida a los recursos pendientes que se encontraban en condición de mora judicial.
Explicó que el tribunal ha sido dotado de más oficinistas, y abogados ayudantes, medida que ha permitido aumentar la capacidad operativa de la sala y agilizar el manejo de los casos.
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Abogados penalistas como Robinson Reyes, reconocen también el descongestionamiento de los tribunales del Distrito Nacional. Sin embargo, consideran que se debe seguir trabajando en la misma proporción, en los tribunales de la provincia Santo Domingo.
“Es antesala del infierno para los abogados, el mismo infierno para los que están detenidos y un gran calvario para las víctimas”, es la definición que da el profesional del derecho a los procesos judiciales en dicha demarcación.
Francisco Rodríguez, coordinador ejecutivo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) destaca los esfuerzos del Poder Judicial para evitar la mora en los tribunales a nivel nacional. Este jurista expresa que, en ocasiones la dilación no es responsabilidad de los tribunales, sino de los abogados y hasta de los mismos implicados.
Superada en gran medida la mora judicial, una de las principales trabas para la justa administración de la justicia, el Poder Judicial se concentra ahora en trabajar para que República Dominicana se convierta en la capital mundial del Derecho y la Justicia.
“Colocar República Dominicana a la delantera del crecimiento y el desarrollo en la región debe ser nuestra aspiración compartida, que lidera principalmente el Poder Ejecutivo y el sector empresarial. Sin embargo, hay mucho que el Poder Judicial puede aportar, como garante de la seguridad jurídica”, dijo Molina.
Luis Henry Molina reconoce que el sistema judicial ha recorrido un largo camino, pero está consciente de que enfrenta grandes retos debido a la constante transformación de la sociedad.
