Celso sale a defender la propuesta que hizo en agosto al presidente; no entiende por qué el escándalo sobre solicitud de factura eléctrica a empleados públicos

República Dominicana.-Aunque en vez de un decreto es una circular la que establece que los empleados públicos reportar ante las instituciones para las cuales trabajan, las facturas de pago de los servicios de electricidad y agua, la disposición tiene origen en una solicitud hecha al presidente Luis Abinader en agosto, por el  presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), Celso Marranzini.

La revelación la hizo, hace más de dos meses, el propio Marranzini, de que había  solicitado al mandatario la emisión de un decreto para que, “en un plazo determinado, todos los empleados del sector público presenten sus facturas de energía”.

El funcionario participaba, el 22 de agosto, como orador principal en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), desde donde presentó un plan integral para la modernización y eficiencia del sector de distribución eléctrica, compuesto por Edesur, Edenorte y Edeeste.

Y, escenario que no quiso desaprovechar para hacer similar solicitud a la propia AMCHAMDR y al Consejo Nacional para la Empresa Privada (CONEP).

“¿Y cómo desaprovechar este excelente escenario para pedir al AMCHAMDR, al CONEP y todas sus asociaciones afiliadas que hagan lo mismo?”, añadió sobre la presentación de la factura de energía, iniciativa que dijo entonces, garantizaría que el 100 % de sus empleados paguen el suministro energético.

Y es que, Celso Marranzini entiende que, es responsabilidad de todos los dominicanos el sostenimiento del sistema eléctrico, y que todas las instituciones del Estado están obligadas a pagar por la energía que consumen y si no lo hacen se le suspende el servicio. 

“El gobierno tenía un grupo de instituciones que eran no cortables, que eran Educación, Salud, el Palacio Nacional, la Policía y eso de que podían no pagar y no se le podía cortar, esa práctica se eliminó”, afirmó en agosto Marranzini.

Hoy, poco más de dos meses después, el Ministerio de Administración Pública, mediante Circular marcada con el número 018031, que exige a los empleados públicos reportar ante las instituciones en que trabajan las facturas de pago de los servicios de electricidad y agua.

"El objetivo de la circular 018031 es levantar información para planificaciones diversas y conocer el perfil del consumo. La disciplina entra por casa, y es compromiso del gobierno siempre dar el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que se exigen a los ciudadanos", explicó el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund.

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El titular del MAP encontró, en medio del aluvión de críticas, el respaldo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien a través de su cuenta de X sostuvo que "En este gobierno siempre cumplimos con nuestras obligaciones, si le pedimos a la ciudadanía que pague por los servicios públicos que recibe, nuestros funcionarios deben ser los primeros en dar el ejemplo. ¡No como ocurría antes!".

El MAP instruyó a las direcciones de recursos humanos de las instituciones públicas recopilar, en un plazo de 15 días, los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.

Celso

Ahora, Marranzini expresó su desconcierto ante la controversia generada, argumentando que la solicitud de estas facturas es un paso común en los procesos de contratación.

“No entiendo el escándalo por la solicitud de facturas de consumo a empleados públicos. Porque cuando uno contrata a un colaborador en una empresa, lo primero que uno le pide es el currículum, saber qué ha hecho esa persona, salvo que esté contratando una botella”, afirmó.