"Operación Nido": Víctimas de estafa inmobiliaria reaccionan indignadas por libertad condicional a hijo de Enmanuel Rivera 

SANTO DOMINGO. — La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, concedió libertad condicional a Eduardo Rivera Pichardo, hijo del empresario Enmanuel Rivera Ledesma, ambos implicados en una presunta estafa inmobiliaria que afectó a cientos de personas con un monto superior a RD$700 millones, caso conocido como "Operación Nido".

La decisión judicial ha causado indignación entre las víctimas, quienes han expresado su frustración y decepción por la falta de justicia.

La Corte de Apelación determinó cambiar la medida de coerción de Eduardo Rivera Pichardo a libertad bajo presentación periódica, una fianza de RD$5 millones y prohibición de salida del país. Mientras tanto, su padre, Enmanuel Rivera Ledesma, deberá continuar cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario Najayo Hombres.

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Las víctimas de la estafa inmobiliaria denunciaron que Eduardo Rivera Pichardo jugó un rol fundamental en el manejo de cuentas involucradas en el presunto fraude, y afirman que el Ministerio Público cuenta con evidencia sólida que vincula a Rivera Pichardo con las actividades fraudulentas.

"Aquí no hay justicia. Eduardo era quien manejaba la cuenta de la estafa, y el Ministerio Público tiene todas las pruebas", declaró una de las afectadas.

Además de los Rivera, otros miembros de la familia y colaboradores están bajo investigación. Entre los acusados se encuentran Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana de Enmanuel; el financiero Juan Omar Rosario López, vinculado a la empresa Indisarq, SRL; y Reilin Arismendy Rosario García, quien actualmente cumple arresto domiciliario. También figuran María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Enmanuel, y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, su esposa, quienes tienen medidas de coerción que incluyen garantía económica, localizador electrónico y prohibición de salida del país.

El Ministerio Público acusa al grupo de estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, señalando que engañaron a múltiples personas que invirtieron millones en proyectos inmobiliarios inexistentes.

Las víctimas, que continúan exigiendo justicia y compensación, aseguran que los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley para reparar el daño causado y disuadir futuros fraudes en el sector inmobiliario.