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SANTO DOMINGO, RD.- Los sucesores de Luis Conrado Cedeño Castillo denunciaron la comisión de alegadas irregularidades judiciales en el conflicto que mantienen desde el 2009 con la empresa Construcciones y Minería Virgen de la Altagracia, por la propiedad de unos terrenos ubicados en Bávaro, provincia La Altagracia.
La empresaria Rejane Cedeño Rubini y el abogado Stalin Ciprián, en representación de la familia, explicaron que Luis Conrado Cedeño Castillo adquirió legalmente la propiedad en 1999 y la deslindó en el 2005, sin embargo, ha sido víctima de una serie de acciones judiciales que vulneran sus derechos.
Los sucesores de Cedeño Castillo han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha sido resuelto, mientras persisten las acciones legales contra las licencias de construcción, supuestamente ilegales, otorgadas sobre la parcela.
“Existe una demanda reconvencional por parte de Commivial para anular sus derechos, una fusión irregular de expedientes y la omisión de pruebas cruciales que demuestran la legalidad de la adquisición”, afirmaron en una rueda de prensa efectuada en un establecimiento del sector de Naco, y a la que contó con la asistencia de los hermanos Dirlei y Sybeles Cedeño Rubini.
El doctor Ciprián señaló que el Tribunal de Jurisdicción Original de Higüey, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han fallado a favor de los demandados, ignorando las pruebas y basándose en un principio penal inaplicable en materia inmobiliaria.
“Un hecho que genera serias dudas sobre la imparcialidad del proceso es que el ex juez de la SCJ, Robert Placencia Álvarez, quien en ese entonces firmó la sentencia que afecta a los herederos, es ahora abogado de la empresa Commivial”, explicaron.
Los sucesores de Cedeño Castillo agregaron que éste caso expone graves irregularidades que afectan el derecho a la propiedad y la confianza en el sistema judicial del país.
La familia Cedeño Rubini reclama por una revisión imparcial del caso en la Suprema Corte de Justicia, para que, según ellos, se haga justicia y se reparen los daños causados.
