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SANTO DOMINGO.-Los académicos Matías Bosch y Francisco Tavárez afirmaron hoy que tal como se ha demostrado en años previos, la reforma de la Ley 13-20 blindó sus ingresos y sobre todo las ganancias de las AFP, las que están desprovistas de los riesgos del mercado y solo tienden a crecer, superando los 5,000 millones de pesos en 2023. De seguir la tendencia del primer semestre de 2024, al final de año estarán cerca de los 5,500 millones y más en el presente año.
Ambos catedráticos indicaron que el negocio de las AFP tiene tasas de rentabilidad económica y financiera que son de carácter extraordinario, muy por encima de las demás empresas del sector de administración financiera (bancos, etc.)
"Más del 80% del negocio está en manos de 4 AFP, y más del 70% en 3 AFP privadas: Popular, Crecer y Siembra", manifestaron en un estudio.
El negocio de las AFP se dedica fundamentalmente a: prestarle dinero al Gobierno Central y respaldar con certificados el déficit del Banco Central, en una suma que ronda los 700 mil millones de pesos; prestarles a los propios bancos asociados de los grupos propietarios y otros; poner dinero en fondos de inversión, fideicomisos y empresas privadas. Las AFP, gracias al esfuerzo de la clase trabajadora y empleadores, tiene invertido el equivalente a más de 3 veces el déficit fiscal del país, superando el 10% del PIB.
Mientras tanto, las AFP mantienen un esquema de pensiones que niega los beneficios definidos, dejando en la incertidumbre y desprotección a los cotizantes, quienes tendrán, como mucho, la tasa de reemplazo más baja de América Latina.
En base a este entramado de negocio, las AFP han absorbido ya más de 101 mil millones de pesos, un costo social enorme que podría estar en los ahorros previsionales de las personas, o bien podrían estar financiando casi 20 mil pensiones básicas solidarias.
Por su parte, las ARS privadas siguen batiendo récord de ingresos y ganancias, logrando en 2023 más de 53 mil millones en ingresos y casi 4000 millones de pesos en ganancias, también en una tendencia que crece año a año. 4 ARS concentran casi el 90% de este negocio, siendo las principales PRIMERA, MAPFRE y UNIVERSAL, siendo las dos primeras empresas en manos extranjeras.
En este esquema, las ARS privadas han absorbido casi 75 mil millones de pesos en ganancias y gastos de administración, equivaliendo a la mitad de los recursos de todo el Ministerio de Salud en 2024.
Si se suma lo absorbido por AFP y ARS, el monto supera los 175 mil millones de pesos que esta intermediación financiera cuesta a la sociedad sin ningún bien ni servicio ni valor que sirva a la población.
EL negocio de las ARS es perfectamente correspondiente con la bancarrota de los servicios públicos de salud. Además de su desfinanciamiento en los presupuestos del Estado, la política de aseguramiento convierte la cotización en salud y los recursos fiscales en una maquinita de los cuartos para financiar empresas privadas de salud.
Estas están captando ya más del 90% de los recursos en seguros contributivos y más del 64% de los recursos del seguro subsidiado, obligando a las personas a un trasvase cada vez mayor a la salud privatizada pero además a tener en vez de derechos la obligación de atenerse al famoso “plan básico” que convierte la salud en un paquete de servicios ultra limitado que garantiza ganancias a los intermediarios y obliga a las personas a no tener la atención ni medicamentos que requiere, y vivir en los bingos, serruchos y la caridad.
La privatización de las pensiones y de la salud violenta todo principio de seguridad social, convirtiéndola en negocio seguro, en que las personas están condenadas a tener la pensión y los servicios que su propio bolsillo pueda pagar, mientras los intermediarios y aliados directos e indirectos del mundo empresarial obtienen ganancias y se apropian de un mercado cada vez más grande y jugoso en base a necesidades esenciales que no cubren, absorbiendo recursos de las cotizaciones y los dineros públicos.
Este trabajo de investigación fue una colaboración entre la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, la Coalición por la Seguridad Social Digna y la Fundación Juan Bosch, en alianza también con el proyecto “Más inclusión más participación de Mujeres y jóvenes en los procesos de Reforma” de Foro Ciudadano.
