La Justicia Dominicana, actor dantesco del sistema

El Poder Judicial Dominicano, es uno de los 3 poderes fundacionales del Estado dominicano, cuya Nación fue emancipada el 27 de febrero de 1844. Desde su nacimiento el Poder Judicial, ha sido la cenicienta, el brazo atrofiado del sistema político en el cual la sociedad dominicana ha desenvuelto su vida.

Gobierno tras gobierno, la Justicia Dominicana baila una danza descompuesta que, no se aviene a las obligaciones y principios que le dan origen a un sistema de justicia en cualquier país del mundo; garantizar un justo trato para todos los seres humanos del país donde rige; esa debería ser su principal intención y función.

Sin pensar en narrar la historia judicial de la República Dominicana, debemos recordar ciertas realidades de la historia reciente; durante los famosos primeros 12 años del presidente Joaquín Balaguer, se hizo celebre la palabra “reenvío” que, era la petición de los fiscales en las salas de justicia, como treta para mantener en prisión a los presos políticos sobre los que no había argumentos acusatorios para condenarles legalmente.

En el fallo electoral que puso fin a la crisis política generada por los resultados de mayo de 1978, ese fallo negociado dejó al PRD sin cuatro senadurías, para asegurar que los jueces designados por el Senado, órgano del Estado que tenía esa responsabilidad, no afectaran jurídicamente a los sectores que representaban al Dr. Balaguer; en otras palabras, se garantizó la impunidad penal de los tristemente célebres 12 años.

Y así, entre bandazos de esa categoría, llegamos al último año del primer cuarto del siglo XXl, con este poder del Estado dando un paso hacia delante y dos hacia atrás. La creación de las altas cortes que, surgieron con la promulgación de la Constitución del 2010, abrieron una expectativa de cambios radicales en la Justicia Dominicana; hoy, casi 15 años después vemos languidecer esas esperanzas.

El sistema penitenciario dominicano, manejado por la Procuraduría General de la República, es un hato de negocios de todo tipo, además de un almacén de seres humanos con el 80% de los presos en condición de preventivos; existen pobres personas allí que se han pasado décadas, sin ser condenados y sin ver un juez que considere su caso.
Los negocios carcelarios son tan obvios que, a decir del Lic. Roberto Santana, quien trabaja para reformar el sistema carcelario, los dueños y beneficiarios de los mismos, manejan sumas que superan los RD$ 12,000,000 (12 millones de pesos) semanales en todos los recintos del país; aquí, no se cuantifica lo que produce el tráfico de narcóticos que es tan claro que, hasta competencias de consumo se realizan en esos lugares.

En la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, se ha usado la Policía Nacional, la cual se supone el órgano de fuerza auxiliar de la Justicia, para tratar de contener la enorme delincuencia que produce un sistema de iniquidades como el que impera en el país, sin embargo, esto deviene en más injusticia, porque la pobre formación de los policías, los lleva a cometer desmanes contrarios a los principios básicos de justicia.

Este último gobierno, conducido por el presidente Abinader, ha traído al escenario público lo que el fenecido Dr. Franklin Almeida calificó en su momento como “ejecuciones extrajudiciales”, los famosos intercambios de disparos; pero, a decir verdad, este gobierno ha tenido su propio sello en las muertes de ciudadanos sin juicios previos.

En los 2 primeros años, la modalidad se inauguró con el ametrallamiento por un pelotón policial, de una pareja de pastores evangélicos, la noche del 14 de abril del 2021, ambos murieron en el ataque; a esto les siguieron varias muertes a manos de la misma policía: La arquitecta Leslie Rosado, embarazada, asesinada frente a su hija adolecente; el joven Robinson Ramón Méndez en Padre Las Casas, muerto por una patrulla policial.

El abogado Ramón Alexy Castillo, muerto en San José de Ocoa por disparos policiales; el Jovencito Cristian Perier fusilado dentro de su carro estacionado en el sector La Suiza en San Cristóbal; y para que Ocoa no se olvide, el joven José Gregorio Custodio es apresado un viernes a medianoche en el centro de la ciudad y a las 2 de la madrugada es entregado reventado en el hospital de dicha comunidad; y no olvidemos el caso de David de los Santos, torturado y muerto en un destacamento del Ensanche Naco.

¿Y los derechos humanos dónde están? Guisando con el partido extranjero, en puestos públicos ganados en las campañas electorales; ahora, a los muertos en los “intercambios de disparos” los condenan las bocinas del gobierno; todos los días los diarios traen en su interior las crónicas rojas de estos sucesos, pero nadie le da importancia.

En esta semana, hemos leído dos artículos de dos ciudadanos respetables dominicanos que, retratan de una manera cruda la realidad jurídica de nuestro país. Don Hugo Guiliani Cury nos desnuda el atraso jurídico en que vivimos con un escrito titulado “Falleció por una injusticia”; en su análisis se refiere al caso de doña Eladia María Mercedes, la señora que falleció esperando que se cumpliera una sentencia que la favoreció con el pago de unos terrenos por parte del Estado.

Don Hugo Guiliani, además, relata una anécdota que le aconteció mientras realizaba su trabajo diplomático, tratando de atraer inversiones al país, para el sector turístico; dice don Hugo que, en una conversación con el representante de uno de los fondos de inversión más grandes de ese sector, después de este señor escucharle, le respondió: “Muy bello su país, y su presentación ha sido magnifica, pero es un lugar donde no se respeta algo tan sagrado, como es el derecho de propiedad”.

En otras palabras, le dijo a don Hugo, en su país no hay seguridad jurídica. El otro artículo es el firmado por el Dr. Roberto Rosario Marques; que aparece bajo el título “Un preso del sistema”; este es un largo escrito que además de lamentar la falta de justicia con que se trató a doña Eladia María Mercedes, describe las peripecias de unos capitales canadienses, traídos al país por el empresario de esa nacionalidad Antonio Carbone.

Con la historia jurídica del caso Carbone, cualquiera puede escribir una novela de ficción, en la que el autor no tendría que forzar mucho la imaginación; ahí están todas las trapisondas, en que pueden incurrir los sectores de poder de un país como el nuestro, para despojar a cualquiera de sus capitales y propiedades.
Como dijo un viejo jurisconsulto ya retirado ¡la Justicia dominicana es, y seguirá siendo un gran mercado persa, donde se venden y se compran voluntades y sentencias! Y aunque lo dijo, hacen casi 30 años, para el 80% del país pobre no hay justicia; esto lo confirma, desde su tumba doña Eladia María Mercedes.