Áreas protegidas desprotegidas

La República Dominicana cuenta con una superficie aproximadamente del 25.7% de su territorio nacional por áreas protegidas, lo que incluye un total de unas 131 unidades de conservación. Además, contiene una superficie marina protegida equivalente al 10.8 % de las aguas marinas dominicanas (Ley 66-07 que declara la República Dominicana como Estado Archipelágico).

Pero, esta cobertura de áreas naturales protegidas experimenta de manera constante amenazas múltiples y agresiones severas que pone en tela de juicio si realmente estos espacios gozan de la real protección efectiva que como Estado se debe garantizar.

Huelga reconocer que el Estado dominicano tiene la intención y ha habido esfuerzos en procurar la salvaguarda de dichos ecosistemas naturales; pero lamentablemente la ignorancia consciente e inconsciente, la ambición desproporcionada, la tentación a enriquecerse a costa de esos tesoros naturales y la falta de cierta voluntad que garantice la calidad de estas áreas; ha generado vulnerabilidades preocupantes en cuanto a la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Lo antes expresado, se puede evidenciar por el rosario de denuncias sucesivas de violaciones a la Ley sectorial de Áreas Protegidas 202 –04 y otras disposiciones legales vigentes, por actores sociales y comunitarios en diferentes puntos del país.

Solo basta detenerse a escuchar y ver, los daños lamentables que se le está ocasionando al Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier; la cual a pesar de constituir un área protegida que comprende un conjunto de 57 cuevas más un manantial, se ha venido agrediendo con síntomas progresivos de destrucción, no obstante ser un patrimonio con un alto valor histórico, hídrico, geológico, arqueológico y turístico.

Observar como el Cinturón Verde del Gran Santo Domingo, el cual fue creado mediante el Decreto No. 183-93 en el año 1993, está siendo impactado y disminuido peligrosamente por el asentamiento urbano en toda su periferia, fruto de invasiones sin control, generando arrabalización, altos niveles de contaminación, aguas residuales y desechos sólidos a gran escala que desembocan en los ríos Ozama, Isabela y Haina.

Ríos estos, cuyas aguas vestidas de marrón transitan en quietud de cortejo fúnebre, no gozan ni en un instante del privilegio natural de vivir y dar vida en paz; el gran desafío en cada diana y crepúsculo es poder sobrevivir a tanta inmundicia que se les vierte sin piedad a diestra y siniestra; sus bosques ribereños perdieron la cabellera de la esperanza, ante tanta contaminación les impide saciar de su propio cauce la sed que llevan por dentro, y esperan que alguien con voluntad algún día les proteja de veras, antes de que sea tarde.

Hay que aguzar los sentidos y no ser indiferentes, ante los gemidos dolorosos de los Humedales del Ozama, el cual se está secando de tanto llorar sin encontrar quien le consuele; del Parque de los Haitises, quien pide auxilio desesperado de no más deforestación, incendios forestales intencionados, de conuquismo y ganadería; de no más depredación feroz y tortuosa en su seno maternal.

Ni tampoco dejar de mirar, al Monumento Natural Dunas de Las Calderas, conocido popularmente como Las Dunas de Baní, cuyo hábitat vive de tensión en tensión, por acciones depredatorias que las están poniendo en el camino de la extinción debido a la tala y quema dañosa de especies arbóreas endémicas. Asimismo, se ha llegado al colmo de los colmos de pretender extraer sus arenas, para que deje ser un pequeño desierto en el Caribe.

Estos pequeños ejemplos de transgresiones de los tantos hechos que ocurren contra en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, imponen de una respuesta estatal contundente e integral. Para tales fines, entendemos que se hace necesario fortalecer los controles sobre las áreas protegidas, destinar mayor presupuesto para su sostenibilidad y conservación; robustecer con penas y sanciones drásticas contra quienes invadan espacios verdes, áreas protegidas o destruyan ecosistemas naturales vulnerables. En ese sentido se requiere de un mayor fortalecimiento de la justicia penal ambiental.

Que la protección de estas áreas constituya de manera efectiva una prioridad de seguridad nacional; poner en marcha un plan de restauración de las cuencas medias y altas, con mayor atención de aquellas que están seriamente afectadas. Hacer uso de la tecnología para monitoreo y fiscalización ambiental en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; más educación ambiental a la ciudadanía, entre otras medidas a emprender.

ANGEL GOMERA

Abogado

Santo Domingo de Guzmán

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