Santo Domingo.- El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, destacó los principales desafíos que enfrentan las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la República Dominicana, durante el Primer Foro Nacional sobre la Ley 34-23, que establece la atención, inclusión y protección de personas con TEA.
Metz subrayó la importancia de la Ley 34-23, promulgada en junio de 2023, y la necesidad de su implementación efectiva para garantizar los derechos humanos de las personas con autismo.
"El Estado, en su rol de rector y articulador, debe asegurar que todas las instituciones del sistema de protección social trabajen de manera conjunta, particularmente en áreas clave como la educación y la salud", expresó el presidente de CONADIS.
Uno de los principales retos que enfrenta la población con TEA en el país, según Metz, es la falta de un registro adecuado y el costo elevado del diagnóstico y tratamiento, lo que limita el acceso a terapias y servicios especializados.
"El esfuerzo de las familias es inmenso, pero es necesario que el Estado brinde apoyo tangible para facilitar la inclusión de estas personas", comentó Metz, quien destacó la importancia de la estrategia nacional para ofrecer diagnósticos regionales y terapias accesibles a nivel nacional.
De su lado, el director ejecutivo de CONADIS, Alexis Alcantara, enfatizó la implementación de jornadas en diferentes regiones del país, como en las zonas rurales de Azúa, para acercar los servicios de diagnóstico y certificación a las personas que más lo necesitan.
"Estamos trabajando para hacer que la certificación de discapacidad sea más accesible, especialmente para aquellos que viven en lugares alejados", añadió.
El foro también contó con la participación de destacados expertos en la materia, como Candy Duran, especialista en gestión de sistemas de salud y protección social, y Lucía Vásquez, Directora de Educación Especial del Ministerio de Educación. Vásquez destacó los esfuerzos del Ministerio para realizar ajustes curriculares en las escuelas y capacitar a los docentes en el tratamiento de estudiantes con autismo.
Lucía Vásquez explicó que, para cumplir con la Ley 34-23, se han implementado normativas como la Orden Departamental 90-2020 y la Ordenanza 05-2024, que amplían la cobertura educativa y articulan todos los niveles escolares para atender a estudiantes con TEA.
"La educación especial debe ser una prioridad, y estamos trabajando en colaboración con el sector privado y la sociedad civil para garantizar una respuesta adecuada", señaló.
El foro también tuvo como objetivo socializar buenas prácticas en la atención de personas con autismo y reconocer el compromiso de los sectores público y privado en la implementación de la Ley 34-23. Durante el evento, se discutieron los avances, desafíos y oportunidades para fortalecer la inclusión plena de las personas con TEA, mejorando su calidad de vida y asegurando su acceso a los servicios que les corresponden por derecho.
