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Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, al analizar el gasto en publicidad del gobierno dominicano durante el primer cuatrimestre de 2024, encontró que este alcanzó cifras históricas, al sextuplicar su monto respecto al año anterior, pasando de RD$491 millones en el primer cuatrimestre de 2023 a RD$3,121 millones en el mismo período de 2024. En 2025, aunque se reduce a RD$2,445 millones, sigue siendo muy superior al valor registrado en 2023.
Entre las instituciones que registraron los mayores aumentos, tanto relativos como absolutos, en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el INDOTEL. No se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas.
No existe una trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo cual viola los principios básicos de rendición de cuentas establecidos en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta falta de transparencia impide determinar si el dinero público se está utilizando adecuadamente o si está alimentando estructuras clientelares con fines electorales encubiertos.
En respuesta a un reclamo nacional, el presidente Abinader emitió el Decreto 1-24 en enero de 2024, el cual establece que la publicidad oficial debe atender a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas. La normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales, así como su utilización como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores.
Asimismo, el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas exige numerosas condiciones, entre ellas una justificación para la selección del medio. El incumplimiento de estas disposiciones vulnera el marco legal vigente y afecta la credibilidad en el uso de los recursos públicos.
Participación Ciudadana solicita a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) la siguiente información:
Transparencia absoluta: publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes al primer cuatrimestre de 2023, 2024 y 2025.
Detalle completo de los montos contratados y los medios beneficiados, así como los objetivos institucionales y los criterios técnicos de selección.
Justificación de cada contratación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos de Excepción.
La tradicional explosión del gasto publicitario del gobierno en los años electorales genera una alerta en la ciudadanía debido a sus efectos negativos sobre la democracia. Por ello, Participación Ciudadana propone las siguientes acciones:
Auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
Aplicación estricta del Decreto 1-24 y del Manual de Procedimientos de Contratación Pública, incluyendo sanciones por el incumplimiento de los mismos.
