SANTO DOMINGO.- La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) pidió este lunes al Poder Ejecutivo no promulgar el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado recientemente en única lectura por el Senado. La entidad sugiere que la iniciativa sea devuelta al Congreso para una revisión más técnica y participativa.
“Realmente no ha habido un espacio de diálogo que permita consensuar todos los aspectos técnicos que tiene la ley”, expresó Christy Luciano, presidenta de Ecored, al criticar que la propuesta fue elaborada sin una consulta adecuada al sector empresarial y otros actores vinculados.
Luciano advirtió que esta legislación, tal como fue aprobada, crea un monopolio funcional al otorgar exclusividad a ciertos operadores y gestores, lo cual limita la libre competencia. “Ese hecho de otorgar exclusividad de operadores y gestores va en contra de lo que establece la ley de compras y contrataciones públicas”, aseguró.
La preocupación fue compartida por representantes de diversos sectores económicos, como el cementero, que rechaza la obligatoriedad impuesta en la nueva ley de consumir combustible derivado exclusivamente de residuos nacionales. “Ustedes dirán: ‘pero esto es bueno, es positivo’, pero no si viola la Constitución. Estamos señalando la inconstitucionalidad de este artículo”, expresó Julisa Báez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland.
Desde el sector turismo también hubo objeciones. La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, lamentó que el proyecto no contemple el sargazo como un residuo de manejo especial. “No puede ser considerado como cualquier tipo de residuo… y lamentablemente, en esta ley, eso no es posible”, explicó.
Ecored advirtió que la ley también restringe que las empresas privadas puedan valorizar directamente sus residuos, lo que contradice principios clave de la sostenibilidad como la eficiencia y la simbiosis industrial. Por ello, reiteró su llamado al Poder Ejecutivo a revisar detenidamente la pieza antes de su promulgación.