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Santo Domingo, R.D. – Una comisión compuesta por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Félix Michelli y Miguel Liberato, en representación del Comité Institucional Codiano (CIC), que agrupa a contratistas con deudas acumuladas por un total de RD$390 millones correspondientes a obras entregadas y aún no pagadas por el Estado dominicano, lo cual afecta a 92 contratistas, presentó un documento ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitando una investigación formal sobre la desaparición de documentos públicos en varias instituciones contratantes.
Del monto adeudado, RD$54 millones corresponden a 11 contratistas que han fallecido en los últimos 14 años, lo que eleva el reclamo a una dimensión no solo económica, sino también moral, al dejar sin compensación a familias que esperaban la retribución por obras ya ejecutadas y utilizadas por el Estado.
De acuerdo con la denuncia del CIC, varias instituciones han admitido la ausencia de documentos clave en sus archivos, los cuales el Ministerio de Hacienda requiere para tramitar los pagos. Esta situación ha dejado a decenas de contratistas en un limbo legal y financiero, muchos de los cuales invirtieron recursos personales para cumplir con los proyectos adjudicados.
"Se trata de documentos generados por las propias instituciones deudoras, cuya desaparición constituye un hecho sumamente grave que podría evidenciar negligencia administrativa, encubrimiento o incluso sabotaje", expresa el CIC en el escrito entregado.
La organización advirtió que la desaparición de documentos públicos no es un asunto menor, sino una posible infracción administrativa e incluso penal, ya que se trata de archivos oficiales bajo la custodia de funcionarios públicos. “No se puede descartar la existencia de acciones dolosas o de sabotaje deliberado al mandato presidencial”, agrega el comunicado.
Según el Comité, el ocultamiento, la pérdida o la destrucción de documentos públicos vulnera no solo los derechos contractuales de los afectados, sino también la confianza ciudadana en la administración estatal y el principio de legalidad que debe regir el accionar de los servidores públicos.
La solicitud presentada ante la PEPCA está respaldada por disposiciones del Código Penal, la Constitución de la República y leyes como la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley de Función Pública 41-08, las cuales establecen sanciones claras para la mala gestión documental y asignan responsabilidad directa a los funcionarios por su pérdida, destrucción u ocultamiento.
Como respaldo de su denuncia, el CIC adjuntó un listado de 52 expedientes de contratistas afectados por la falta de documentación, los cuales han sido reconocidos por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) como casos en los que diversos documentos requeridos han desaparecido de sus archivos.
