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  • Por: Joan Vásquez
  • viernes 01 agosto, 2025

Juristas advierten sobre penas excesivas y falta de consenso en nuevo Código Penal

El Senado de República Dominicana aprobó la reforma al Código Penal tras más de dos décadas estancada en el Congreso, pero la medida enfrenta críticas sobre el consenso y aspectos considerados excesivos.

SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley de reforma al Código Penal aprobado la noche de este jueves en el Senado de la República generó observaciones en algunos abogados quienes cuestionan en qué grado fue consensuado, además de ciertas medidas vistas como "exageradas."

Por más de dos décadas, la reforma al Código Penal dominicano se mantuvo estancada en el Congreso. Finalmente, la noche del jueves, el Senado aprobó el proyecto de ley, quedando ahora en manos del Poder Ejecutivo su promulgación o devolución con observaciones.

Aunque la aprobación representa un paso histórico en materia legislativa, varios abogados consultados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva expresaron preocupaciones sobre aspectos clave del nuevo texto.

Entre sus principales observaciones está el incremento en las penas mínimas, que algunos consideran desproporcionado frente a la realidad carcelaria y judicial del país. Además, cuestionan la falta de consulta amplia con la ciudadanía y especialistas del derecho durante la elaboración de la reforma.

Mientras que el abogado Emilio Lopez, asegura que gran parte del código no fue consensuada, Juan Carlos Bobea explicó la necesidad de que los condenados sean separados en base a su condena. Por otro lado, el licenciado Alberto Valentino, aseguró que requerirá de mayores esfuerzos impactar el sistema judicial.

Los juristas coinciden en que, a pesar de las buenas intenciones legislativas, el nuevo código podría enfrentar limitaciones en su aplicación si no se acompañan de políticas complementarias como la mejora del sistema penitenciario, la modernización de la justicia y una revisión futura de los puntos más controversiales.

Para otros, lo relevante es que, por fin, el país cuenta con una legislación penal renovada, que podría ser ajustada conforme avance su implementación.

El Poder Ejecutivo deberá ahora decidir si promulga el nuevo código o lo devuelve al Congreso con observaciones, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

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