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Santo Domingo.- Representantes legales de los comerciantes chinos afectados por el cierre dispuesto por el Ministerio de Viviendas y edificaciones decidieron posponer acciones legales para acudir al dialogo con las autoridades, a fin de lograr una solución al conflicto.
Expresaron que tienen fe en la sensatez de las autoridades para que en las próximas horas se logre encontrar una solución que permita la reapertura de los negocios afectados.
Afirman que el pasado 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ordenó el cierre de la tienda SUPLAX en el Distrito Nacional, así como de otras en el interior del país, alegando una supuesta falta de licencia de construcción. Posteriormente, esta medida se extendió a nueve establecimientos adicionales de origen chino, sumando un total de once comercios afectados.
El MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando los derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley. Estas acciones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza en la inversión extranjera en el país.
El cierre de los establecimientos ha evidenciado una falta de transparencia por parte del MIVHED y una persecución selectiva.
Todas estas tiendas, legalmente constituidas, cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes. Han operado durante más de un año, generando empleos directos e indirectos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y comercial de las comunidades en las que están establecidas.
El MIVHED actuó sin agotar el debido proceso administrativo y sin tener la competencia legal para ordenar el cierre o la paralización de establecimientos ya construidos, establecidos y en funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente.
En estos casos, la autoridad competente es el ayuntamiento correspondiente, que debe actuar a través del Juzgado de Paz, otorgando a las partes un plazo razonable para regularizar su situación o, en su defecto, dictar medidas proporcionales basadas en informes técnicos que determinen un riesgo real o una afectación al interés público.
En una reunión convocada por la institución con comerciantes chinos, se presentó un supuesto informe de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONISVIE), realizado el 17 de septiembre, que se prometió entregar formalmente a las partes interesadas. Sin embargo, dicho documento nunca fue facilitado, a pesar de los múltiples acercamientos realizados.
Ante esta negativa, las empresas se vieron obligadas a solicitar el informe a través del mecanismo de acceso a la información pública. Esta situación ha entorpecido los procesos de defensa y regularización de las empresas involucradas. Asimismo, las empresas afectadas denunciaron que el cierre se llevó a cabo el 8 de septiembre, sin que existiera ningún informe técnico que lo justificara, ya que el informe de ONISVIE es del 17 de septiembre de 2025.
Por otro lado, las declaraciones difundidas en algunos espacios públicos sobre supuestos incumplimientos fiscales o laborales por parte de comerciantes chinos carecen totalmente de fundamento.
Todas las empresas afectadas poseen certificaciones emitidas por las instituciones competentes, las cuales acreditan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, así como su compromiso con la responsabilidad social empresarial y la generación de empleo formal en el país.
Ante estas irregularidades, los representantes legales interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, acompañado de una solicitud de medida cautelar, con el propósito de suspender los efectos de las decisiones emitidas por el MIVHED hasta que el tribunal conozca el fondo del caso.
La audiencia está programada para el 16 de octubre de 2025, en la cual se espera demostrar que las acciones del Ministerio carecen de base legal, técnica y constitucional. Con esta acción, se busca restablecer la legalidad, proteger los derechos empresariales y preservar la seguridad jurídica, pilares esenciales para mantener un ambiente de inversión estable y transparente en la República Dominicana.
Los representantes informaron que las empresas están en un proceso activo de formalización, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ley. Para ello, ya han contratado a técnicos estructuralistas certificados por el MIVHED, quienes
