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Llama inevitablemente la atención de cualquier ciudadano dominicano, sin importar su afiliación política, que figuras públicas vinculadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) —diputados, dirigentes o personas relacionadas con ellos— hayan sido solicitadas en extradición por parte de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Más allá de las responsabilidades individuales que determine la justicia, estos casos exponen debilidades en los mecanismos de previsión, control y seguridad política dentro de esa organización.
Ante la reiteración de situaciones vinculadas al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, es razonable que la ciudadanía muestre preocupación por las consecuencias que estos hechos podrían acarrear para la estabilidad y credibilidad del sistema de partidos en la República Dominicana.
Es importante aclarar que examinar estos acontecimientos no implica generalizar ni atribuir responsabilidades institucionales más allá de lo que establezcan los procesos judiciales. El objetivo es analizar, desde una perspectiva crítica, los fallos en los filtros internos y los mecanismos de supervisión política, voluntarios o no, que permiten que estas situaciones ocurran.
El PRM, como heredero directo del legado político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), arrastra virtudes, aprendizajes y también desafíos propios de esa trayectoria histórica. Experiencias, liderazgos y circunstancias del pasado del PRD moldean inevitablemente la cultura organizacional del PRM de hoy.
Uno de los episodios más traumáticos para el PRD ocurrió durante las campañas electorales de 1994 y 1996, cuando el liderazgo de José Francisco Peña Gómez fue objeto de una agresiva campaña de descrédito, con señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico promovidos por diversos sectores políticos de la época. Esas imputaciones nunca fueron comprobadas, ni siquiera con evidencias mínimas, pero causaron profundo daño moral y electoral.
A raíz de aquella experiencia, el PRD implementó protocolos estrictos de protección política y de selección de figuras públicas. Se reforzaron los controles en actividades, contactos y entornos del liderazgo, procurando minimizar riesgos y evitando exponer al partido a influencias o acercamientos de individuos cuestionados o relacionados con actividades ilícitas. Se establecieron cordones de seguridad física y política que, combinados, blindaban tanto la integridad del líder como la imagen institucional del partido.
La pregunta necesaria: ¿por qué no se mantuvo el mismo nivel de rigurosidad?
Si existió un precedente tan contundente en la historia política dominicana —y específicamente del PRD, raíz directa del PRM— resulta inevitable preguntar cómo y por qué esas enseñanzas no fueron plenamente asumidas por la nueva organización.
¿Cómo no se fortalecieron los mecanismos de prevención para evitar que personas bajo sospechas, o sujetas a investigaciones internacionales, alcanzaran posiciones relevantes dentro del partido o incluso cargos electivos?
¿Cómo se explica que personas que luego serían objeto de solicitud de extradición llegaran a ocupar funciones públicas sin que saltaran alertas institucionales?
Este tipo de cuestionamientos no busca descalificar al PRM como organización, sino examinar una evidente falla sistémica en el control de acceso y en la vigilancia política. Son precisamente estas reflexiones las que fortalecen la democracia y las instituciones.
A juicio de gran parte de la ciudadanía —especialmente de quienes no se sienten influenciados por intereses partidarios— parece razonable esperar que el PRM adopte medidas internas claras y firmes:
– revisar sus mecanismos de depuración,
– fortalecer los filtros de ingreso y ascenso,
– y evaluar responsabilidades políticas frente a quienes debieron prevenir que situaciones como estas se produjeran.
La sociedad dominicana tiene un interés legítimo en que los partidos mantengan un blindaje efectivo contra personas vinculadas a actividades ilícitas, especialmente aquellas que dañan de forma directa a la población joven, como el tráfico y consumo de drogas.
Ese interés debe ser compartido por cualquier organización política comprometida con el futuro institucional del país.
