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PARQUE COLÓN, ZONA COLONIAL.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, diversas organizaciones que agrupan a este sector se movilizaron en Santo Domingo para exigir al Estado mayor inversión, políticas públicas efectivas y el cumplimiento íntegro de la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que —según denuncian— continúa sin aplicarse plenamente.
La caminata, que partió desde el Parque Colón en la Zona colonial hasta el Altar de la Patria, fue encabezada por la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID), cuyo presidente, Ángel Espinal, señaló que las personas con discapacidad siguen siendo tratadas como ciudadanos de segunda categoría. “Somos personas comunes y corrientes, ciudadanos de pleno derecho, y es necesario que se ejerza ese derecho haciendo cumplir las leyes, las normas y los acuerdos internacionales”, afirmó, criticando que aún se diseñen acciones que no responden a las capacidades reales ni a las necesidades de esta población.
Uno de los reclamos más reiterados fue el incumplimiento de la cuota laboral establecida por ley, que obliga a que el sector público contrate al menos un 5% de personas con discapacidad y el sector privado un 2%. Sin embargo, según testimonios, la realidad dista mucho de esa meta. “El número de empresas e instituciones que cumplen con estas cuotas es muy bajo, apenas es representativo”, expresó Sugey de Jesús, quien denunció que la falta de oportunidades laborales mantiene a muchos en condiciones de vulnerabilidad.
A estos señalamientos se sumó Felipe Carela Naranjo, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Envejecientes en El Seibo, quien pidió al Gobierno instruir a todas las instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de la ley y mejorar la accesibilidad en escuelas, oficinas y el transporte. “Es necesario que existan minibuses adaptados y que se respeten las rampas en todos los espacios”, sostuvo.
Durante la marcha hacia el Altar de la Patria, los manifestantes también exigieron la actualización de los registros de personas con discapacidad, los cuales consideran olvidados. Argumentan que este grupo representa más del 15% de la población dominicana, una cifra que evidencia, según dijeron, la magnitud de la deuda estatal con este sector. Milady Morel, una de las participantes, señaló que el apoyo recibido es prácticamente inexistente: “Del Estado no he recibido nada, solo la tarjeta. Más nada”.
El incumplimiento de las cuotas de empleo también fue criticado por Máximo Correa, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad en Villa Altagracia, quien explicó que aunque la falta de capacitación influye en algunos casos, existe un amplio grupo de personas calificadas que sigue siendo excluido. “Hay muchas personas preparadas para ejercer un puesto laboral y aun así no se cumple la ley”, denunció.
Desde el Congreso, el senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc, reconoció que las instituciones públicas mantienen un nivel de cumplimiento irregular. “La ley debe cumplirse. Se necesita una coordinación interinstitucional para garantizar que todos los ministerios y direcciones la apliquen”, dijo, señalando que algunas entidades cumplen parcialmente y otras no la ejecutan en absoluto. El legislador también anunció que trabaja en un proyecto de ley para promover un turismo inclusivo que permita a las personas con discapacidad disfrutar plenamente de los atractivos del país.
Mientras las promesas avanzan lentamente, las personas con discapacidad siguen enfrentando dificultades cotidianas: barreras arquitectónicas, falta de baños accesibles, limitaciones en el transporte y dificultades para insertarse en el mercado laboral. Problemas que, según los manifestantes, podrían resolverse si el Estado aplicara de manera efectiva las políticas ya existentes y reconociera a esta población como un sector prioritario.
